Ya no genera gastos y no saben qué hacer con ella. Los senadores se pronuncian por su desaparición y en San Lázaro plantean que se le den otros fines. Se trata de la Comisión de Concordia y Pacificación para Chiapas (Cocopa), que se volvió un ente fantasma; tiene más de veinte integrantes, pero no sesiona, no tiene un solo asunto turnado ni está completa a un año de iniciada la legislatura.

El 9 de febrero de 1995 se abrió la causa penal 18/1995, por los delitos de terrorismo, sedición, motín, rebelión y conspiración contra integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes le declararon la guerra al Estado el 1 de enero de 1994.

El pasado 23 de febrero, 21 años después, el juez federal Juan Marcos Dávila decretó la prescripción del delito y las órdenes de aprehensión contra el subcomandante Marcos y doce zapatistas más, quienes encabezaron el movimiento indígena más importante de la historia contemporánea que culminó con la suscripción de los Acuerdos de San Andrés, en febrero de 1996.

Decía el ex comisionado para Chiapas Manuel Camacho Solís que mientras esas órdenes estuvieran vigentes y hubiese la posibilidad de que se rompiera el diálogo previsto en la Ley de Concordia y Pacificación para Chiapas, la Cocopa tendría razón de ser, porque la ley le confirió el papel de mediación.

Hoy, la senadora y ex presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas —quien dio la batalla para que los zapatistas viajaran por el país sin ser aprehendidos— Luisa María Calderón consideró que si ya no hay diálogo ni órdenes de aprehensión, la Cocopa debe desaparecer, porque ya no tiene materia.

La Comisión de Concordia y Pacificación para Chiapas es bicameral y se integra por 20 legisladores: cinco senadores, quince diputados y está presidida por el ecologista chiapaneco Diego Valente Valera, quien ha presentado 28 iniciativas, pero ninguna relacionada con el tema indígena.

La Cocopa no tiene micrositio en la página web de ninguna de las dos cámaras, pero en una esquina que contiene la tabla de nombres de sus integrantes establece que se aprobó su integración el 1 de diciembre de 2015, sin que tenga hasta el momento ningún turno.

El miembro de esa comisión y senador chiapaneco Zoe Robledo reconoció que no ha tenido reuniones de trabajo y solo se instaló durante esta legislatura.

Al cuestionar a diversos senadores, estos desconocieron si dicho órgano legislativo tiene oficinas o asesores en esa cámara.

El priista Raúl Pozos, integrante de la comisión de Administración del Senado, afirmó que no genera gastos para la Cámara alta.

Sin embargo, aunque funcionarios administrativos dijeron que no hay presupuesto destinado al trabajo de la Cocopa, el coordinador perredista Miguel Barbosa dijo que sí eroga un gasto en oficinas y asesores, como cualquier otra comisión.

El legislador opinó que desde hace tiempo debió haber desaparecido este grupo legislativo y que ahora, a través de un acuerdo parlamentario, debiera clausurarse.

"No ha tenido objeto ni ha tenido funcionamiento, así que esa integración que hicieron con la Cámara de Diputados no le veo sentido. Yo me he pronunciado desde que inició este Senado para que no se instale, porque es abonar a una comisión que no tiene ya materia para estar existiendo", planteó.

En el mismo sentido se pronunció el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera Ávila, al resaltar que hay varias comisiones especial, como esa, que deberían desaparecer, pues ha habido una práctica insana de crear comisiones sobre temas coyunturales que se justifican en su momento, pero otras que permanecen para darle acomodo a nuevos legisladores, "y este es el caso. Si se queda sin materia, no tiene causa ni razón de ser".

Otros senadores se pronuncian por un rediseño de sus funciones.

Alejandro Encinas propuso que se replanteen sus atribuciones para estar más vinculada a trabajar por el ejercicio pleno de los derechos de los indígenas, y atender los problemas de desigualdad en las comunidades.

El perredista Zoe Robledo explicó que en caso de no desaparecer, podría rediseñarse para otro tipo de temas sociales o para establecer diálogo con comunidades indígenas en municipios autónomos.

"Hace 21 años funcionó para ser el espacio del diálogo, cumplía una tarea sustantiva para la construcción de la paz y darle forma a los Acuerdos de San Andrés; el fin del diálogo se dio en junio de 2005, es decir, ya cumplimos más de 10 años sin que cumpla su tarea de interlocución.

"Por otra parte, los tratados internacionales indican que hay un protocolo de actuación de la Suprema Corte para casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas que ya incluyen conceptos como tierra, territorio, recursos naturales, el tema lingüístico y todos los que han ido trabando los acuerdos".

Agregó que con esta nueva información sobre el EZLN, los integrantes de la comisión deben preguntarse si tal como se inició puede ser un interlocutor y reiniciar el diálogo o es necesario replantear su función.

"Hay que preguntarnos si debe renovarse desde su función conciliadora también para otros temas, o si la función conciliadora del poder legislativo podría caber para otro tipo de conflictos sociales, como lo que ha ocurrido en Guerrero o en Michoacán, y también pensar si la Cocopa debe sumar toda esta representación política que la conforma a voces ciudadanas, a la academia, a los organismos de derechos humanos, incluso a representantes de los pueblos indígenas".

Con motivo del vigésimo aniversario de la suscripción de los Acuerdos de San Andrés, la Cámara de Diputados dedicó parte de su sesión a las efemérides del pasado 16 de febrero en presencia de algunos ex presidentes de la Cocopa, como Jaime Martínez Veloz.

Ahí, el diputado presidente de la Cocopa dijo que algunos han sugerido que tras 20 años de presencia inerte, viviendo del recuerdo, debía de desaparecer.

Hizo un repaso histórico de la deuda que el país tiene con los indígenas y pidió a todas las fuerzas políticas unirse para sacar adelante soluciones justas, porque éstas ya no pueden esperar.

Pero no defendió la permanencia de la comisión.