El diputado brasileño Jovair Arantes, relator de la Comisión Especial de la Cámara Baja que analiza el pedido de apertura de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, emitió hoy un dictamen favorable a que prosiga el proceso tendiente a destituir a la política del Partido de los Trabajadores (PT).

"Concluye el relator a favor de la admisibilidad jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización por parte de la Cámara de Diputados para instaurar, en el Senado Federal, el proceso por delito de responsabilidad promovido por los señores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior y Janaina Conceição Paschoal contra la señora presidenta de la República, Dilma Vana Rousseff", afirmó el legislador.

El veredicto del relator será sometido a análisis de los otros 64 integrantes de la Comisión Especial, que votarán el lunes, según lo previsto, si apoyarán la recomendación de que avance el proceso tendiente a destituir a Rousseff.

El resultado de esa votación será luego sometido al plenario de la Cámara Baja, donde se necesitan 342 votos, de un total de 513 diputados, para que pase al Senado, que es el organismo que, de acogerlo, llevará a la práctica el juicio.  

El delito de responsabilidad al que alude el relator es un tipo de infracción en el que puede incurrir un mandatario en el ejercicio de su cargo.

En el caso de Rousseff, los renombrados juristas autores de la petición acusan a la presidenta de haber violado la Ley de Responsabilidad Fiscal al atrasar la transferencia de fondos a los bancos públicos para que éstos le pagaran a los beneficiarios de los programas sociales.

Como los bancos cumplieron con los pagos, se configura una especie de préstamo al Gobierno, las llamadas "ruedas fiscales", lo que está prohibido por ley.

Otra irregularidad que viola la mencionada ley, apuntada por los juristas, es la de haber ampliado por decreto la apertura de líneas de crédito sin autorización del Congreso, y haberlo hecho aún sabiendo que la meta fiscal prevista en la Ley de Presupuesto no podría ser cumplida.

Arantes aclaró que no es competencia suya "juzgar si la presidenta cometió o no delito de responsabilidad", puesto que de ello se encarga el Senado.

No obstante, dijo que considera que la denuncia realizada por los juristas "cumple todas las condiciones jurídicas y políticas" para ser aceptada.

"Las conductas de la denunciada (según la denuncia) violan exactamente esa misión constitucional del Poder Legislativo (y constituyen) grave ruptura del fundamental principio constitucional de separación de poderes, además de poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas y la salud financiera del país, con perjuicios irreparables para la economía y para los derechos más fundamentales de los ciudadanos brasileños", expresó Arantes.

"Según mi análisis, la magnitud y el alcance de las violaciones practicadas por la presidenta de la República constituyeron grave desvío de sus deberes funcionales, con perjuicios para los intereses de la Nación y con la ruptura de la confianza que le fue depositada. Tales actos justifican la apertura del excepcional mecanismo del 'impeachment'", concluyó.