MÉXICO.- Un asesinato ha dividido en dos mitades a Chetumal, una plácida ciudad mexicana de mar y casas de madera que hace frontera con Belice. La empleada del hogar Reyna Gómez, de 60 años, la condenaron a 25 años de prisión por el asesinato de su pareja, un alcohólico que la maltrataba desde que se fueron a vivir juntos. 

El asesinato se produjo en julio de 2015. Reyna Gómez testificó que esa noche vio llegar ebrio a quien era su novio, un hombre al que acusó de maltratarla y golpearla con asiduidad. La mujer le clavó un cuchillo en el pecho tras un forcejeo. Ella mismo avisó a la ambulancia y a la policía pero era demasiado tarde, la herida era mortal. 

La defensa de la mujer argumentó en el juicio, celebrado en marzo, que en realidad ella era una víctima que cometió el crimen ante el estrés que le suponía enfrentarse a diario los maltratos. El juez así lo reconoció en la sentencia. Los vecinos de la trabajadora de la limpieza, que vivía con dos hijos, uno de ellos ciego, testificaron a su favor. Varias organizaciones de mujeres se movilizaron para tratar de que fuera absuelta en el juicio pero no lo lograron. El juez le impuso esa condena de 25 años, ratificada esta semana, al considerar que justo ese día su vida no corría peligro. 

Trato denigrante
El trato que las autoridades dispensaron a la detenida fue denigrante, algo nada inusual en México. La tuvieron retenida e incomunicada durante varios días, sin acceso a un abogado y a sus familiares, y para obtener su confesión ella demostró por las contusiones que había sido torturada. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, después de estudiar el caso, concluyó que Reyna Gómez fue detenida arbitrariamente y después recibió un trato “cruel y degradante”. 

La mujer, que se encuentra en prisión, está recibiendo el apoyo de organizaciones feministas. Argentina Casanova, coordinadora del Observatorio de violencia social y de género en Campeche, argumenta que el caso nunca fue investigado con “perspectiva de género”. “El problema es que las y los operadores de justicia tienen visiones inquisidoras en los delitos cometidos por mujeres, por lo que a su juicio no es necesario aplicar la perspectiva de género cuando se trata de delitos cometidos por mujeres, pues sostienen que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y eso prevalece”, argumenta Casanova vía email.