En los últimos días, una demanda ha surgido con mayor sonoridad desde la sociedad civil: hay que poner un alto a la violencia en contra de las mujeres.

Durante el fin de semana pasado, diferentes organizaciones marcharon en gran parte del país en búsqueda de visibilizar esta problemática que se ha agudizado en los últimos años.

Un estudio en conjunto presentado por la Secretaría de Gobernación y la ONU-Mujeres dio cuenta de un alza de 92.9 por ciento en la cifra del total de homicidios en contra de mujeres —no necesariamente feminicidios—, tan sólo en los últimos siete años.  

El crimen que mayores reflectores atrae de parte de las organizaciones civiles es precisamente el feminicidio, el cual en México se ubica por encima de la media mundial, según cifras internacionales, al tener una tasa de 3.2 crímenes por cada 100 mil féminas.

Esta radiografía viene a colación ante el llamado que hizo ayer Miguel Ángel Osorio Chong a los congresos estatales para armonizar las leyes locales con las federales en cuanto a la penalidad que se marca en torno a este delito.  

“Desde Coahuila nos comprometemos a que el tema (de los feminicidios) será prioritario en todas las reuniones de seguridad, que se va a llevar a la Conago y se va a hacer un exhorto para que desde los gobierno locales se haga lo que se tenga que hacer”, sostuvo el encargado de la política interna del País.

Cualquier apuesta para castigar delitos y actividades que se ubican fuera de la ley es plausible. El llamado a un “frente común” que lanzó el secretario Osorio Chong, es necesario para encontrar una sintonía entre los congresos locales que no hayan establecido en su reglamentación un castigo ejemplar para quienes asesinan a una mujer.

Sin embargo, como se ha dicho ya en varias ocasiones en este espacio, más allá de leyes, las autoridades judiciales deberán fortalecer su trabajo.

Contar con un marco jurídico vigoroso y ejemplar servirá de poco, si las autoridades encargadas de investigar y castigar los delitos no cumplen cabalmente con su labor.

Según cifras de la ONU, citadas recientemente por la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, María Concepción Valdés, cerca del 95 por ciento de los feminicidios queda impune.

Ojalá que el llamado de Osorio sea un buen comienzo para cumplir con las demandas que el fin de semana pasado se escucharon en las plazas públicas del País.