MÉXICO.- Desde hace un año dos integrantes del Patronato Pro Mejoramiento de los Servicios Turísticos en la península de las playas Caleta, Caletilla y Roqueta: el presidente, Javier Nava y su apoderada legal, Glafira Pineda, enfrentan en la justicia de Guerrero un caso de desahucio, tiempo en el que han sido asesinados dos miembros de su equipo laboral; ambos han sido amenazados y temen por su integridad. 

Forman parte del grupo de propietarios que ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) ser blanco de la delincuencia organizada ante el aumento de homicidios dolosos, secuestros y extorsiones en Acapulco. Su situación la conoce, además del Poder Judicial del Estado, la Procuraduría General de la República (PGR), la Octava Región Naval, el Ejército, autoridades municipales; incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

“Acapulco está hecho pedazos”, suelta la empresaria Glafira Pineda quien ha sido agredida física y verbalmente por el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Guerrero, Alfredo Pérez Zárate, a quien según lo que conocen por redes sociales, “se le involucra con el crimen”, y pretende despojar a su representado de tres propiedades de un valor aproximado de 8 millones de pesos. 

Acusaciones
En Guerrero, Pérez Zárate es además amigo del gobernador, Héctor Astudillo Flores, según él mismo presume, así como de varios políticos y el titular del Poder Judicial, Robespierre Robles. 

Tanto Glafira Pineda como el empresario Javier Nava acudieron a la CNDH a exponer que previo al asesinato de María Zambrano y de Pérez Mariche, ambos habían denunciado amenazas directas de Pérez Zárate, cuyo nombre ha aparecido en varias mantas presuntamente elaboradas por la delincuencia organizada y que lo relacionan con el Cártel Independiente de Acapulco. 

Zárate negó ser parte de algún grupo criminal desde 2014 y culpó al entonces gobernador Rogelio Ortega, y al exsecretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado de estar involucrados en la colocación de la manta. 

Las acusaciones contra el penalista lo involucran con la defensa de presuntos delincuentes del cártel que dirigía antes de su detención Víctor Aguirre. 

Los empresarios pidieron al gobernador una audiencia, pero no han tenido respuesta; ni del edil perredista de Acapulco, Evodio Velázquez. 

Temen por su vida
La señora Zambrano rentó una de las casas en el fraccionamiento Horacio Nelson 15C del fraccionamiento Costa Azul. No tuvo problemas hasta abril del año pasado cuando su propiedad 15B fue invadida por Zárate sin pagarle. 

El empresario se reunió el 22 de mayo de 2015 con Zárate, quien lo amenzó; le “dijo que tenía métodos rudos”, que se iba a apoderar de las tres viviendas para “casas de seguridad privada”. En abril de ese año, María Eugenia Zambrano, una viuda de 70 años, fue golpeada por previa amenaza del abogado la cual fue denunciada ante la FGE; en agosto de 2015 fue asesinada. 

Aunque Nava y Pineda tienen líneas directas con la Policía Federal y el Ejército temen por sus vidas, por eso quieren su caso fuera de Guerrero, “porque no son lo más importante las casas, sino la posibilidad que tiene alguien relacionado con la delincuencia de hacer lo que quiere en contubernio con más autoridades”, opina Pineda. 

La preocupación aumenta porque el juicio continúa y su actual defensor, Gerardo Martínez, fue amenazado.