Mientras en la PGJE de Coahuila la mayoría de jefes, mandos medios y demás personal están de vacaciones, la sospecha contra los fiscales Rafael Martínez de la Rosa y Elisa Valdés García, crece por su presunta omisión en el caso del accidente en el cual un trabajador del municipio de Saltillo resultó muerto y otro más se debate entre la vida y la muerte. 

Luego de que la jueza María Antonieta Leal Cota declarara a una estación de radio local que “al formular la imputación, que es el momento más importante de la audiencia inicial, el Ministerio Público nunca introdujo esa circunstancia (estado de ebriedad)”, la sospecha contra los fiscales va en aumento. 

Ayer VANGUARDIA intentó conocer el seguimiento que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) está dando al caso de sus fiscales Rafael Martínez de la Rosa y Elisa Valdés García, quienes tenían la instrucción del subprocurador ministerial, Norberto Ontiveros, de fundamentar la acusación en contra la conductora Alejandra Valdés Ávalos. 

La acusación debió haberse presentado por homicidio culposo agravado por estado de ebriedad, sin embargo, la jueza declaró públicamente que el Ministerio Público nunca habló del estado de ebriedad de la detenida en la audiencia inicial. 

En la Procuraduría General de Justicia sólo hay oficinas vacías, ni el procurador Homero Ramos Gloria, ni tampoco personal de la Delegación de la Región Sureste pudo ser localizado. 

La única persona que se encontraba como responsable en la oficina de la Delegación Sureste es Juan Sánchez, quien tiene su cargo el seguimiento de los casos de juicios orales, pero dijo fuera de entrevista que a él lo pueden despedir si da una entrevista y que no conocía la carpeta de investigación, no obstante que su labor se relaciona con el asunto.