CDMX.- En México está creciendo el número de donatarias o empresas de filantropía, pero no las donaciones, y al parecer están utilizando esta figura para evadir impuestos.

Por esa razón y para atacar ese tipo de prácticas abusivas en perjuicio del fisco, el próximo año se va a endurecer la vigilancia y las sanciones por medio del Servicio de Administración Tributaria y reformas al Código Fiscal de la Federación.

En la miscelánea fiscal del paquete económico de 2017 que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso, se propone que las empresas donatarias sean certificadas (A, AA, AAA) para medir el impacto social de su trabajo, que den comprobantes fiscales digitales, tener un sistema de donación electrónico y que se rijan bajo un modelo de gobierno corporativo.

Lo anterior, a fin de fortalecer a las donatarias ante la falta de credibilidad que tienen ante la población y las ayude a profesionalizarse.

Se ha detectado que cuando las donatarias autorizadas cambian de residencia fiscal o se les revoca la autorización eluden la ley que las obliga a ceder su patrimonio a otras asociaciones sin fines de lucro.

Es decir, que no se liquidan y con ello mantienen su patrimonio no obstante que ya no lo destinan a los objetivos por los que fueron autorizadas para recibir donativos.

Esto bajo el argumento de que la legislación fiscal es omisa sobre la obligación tratándose de estas hipótesis jurídicas, y para corregirlo, se propone establecer que en los supuestos de cambio de residencia o revocación de la autorización, dichas donatarias deban destinar la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos.

Se hace referencia que en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) no se prevé la obligación de destino del patrimonio en los supuestos de pérdida del registro por conclusión de su vigencia sin que se haya renovado.