La Corte Municipal es un órgano de Gobierno Local. En días pasados me detuvo un agente de la Policía en San Antonio. Circulaba a 80 millas por hora en un tramo que sólo permite 65. Entregué mi licencia y en tres minutos me entregó la papeleta de infracción, sin que mediara mayor conversación.

Conforme a ese documento, debería apersonarme ante un juez de la Corte Municipal para recibir mi sanción por haber violado una cláusula del reglamento de tránsito. No me recogió documento alguno. 

Experiencia similar viví hace años en la Ciudad de México, por cambiar de carril cerca de Avenida Insurgentes, en un tramo que prohíbe dicha maniobra. Esa vez el desenlace fue lamentable. Lo comenté en este espacio en abril del 2014 en un artículo que titulé “La Mordida”.

Esta vez no habían transcurrido dos días de haber sido multado, y ya había recibido cartas de abogados que ofrecían sus servicios para representarme ante el juez municipal. Sus honorarios fluctuaban entre 50 y 70 dólares, más el monto de la multa, para evitarme la molestia de acudir a la Corte Municipal.

Al acercarse la fecha límite para comparecer, y tras recibir varios mensajes de abogados, decidí acudir solo ante la justicia, sería una experiencia interesante, aunque confieso que me daba una flojera monumental.

Dejé a mis hijos en la escuela y me dirigí a mi cita con la justicia. Me estacioné, pasé un arco detector de metales, llegué ante la recepcionista que, amablemente, me pidió domicilio o licencia. Le di mi domicilio y ella respondió: “Si usted se declara culpable, le fijamos una multa, si en 90 días usted no comete otra infracción, eliminamos esta infracción de su récord. También tiene derecho a declararse inocente, en ese caso se le fijará un día para su audiencia con el juez”.

De inmediato acepté mi culpabilidad, estaba convencido de serlo y la autoridad incentivaba que lo hiciera. Ambos salíamos ganando,  ahorrábamos tiempo, dinero y esfuerzo en un juicio innecesario.

“Pase a la sala tres”, instruyó la recepcionista. Me apersoné ahí, y apenas entraba, escuché mi nombre, me dirigí al mostrador donde una persona trabajaba en su computadora, era el Fiscal, representante de la ciudad, del pueblo. Ratificó la oferta y reiteré mi deseo de aceptarla. Me pidió que pasara a la sala con el juez, apenas tomaba asiento cuando escuché mi nombre, prometí al juez decir toda la verdad, él me preguntó si aceptaba la oferta del Fiscal, repetí que sí. El Juez me recordó que si en 90 días manejo como persona civilizada, mi expediente de conductor quedará inmaculado. 

Después a pagar. El Juez fijó la multa en 120 dólares y me preguntó: “¿tiene bastante para cubrirla?” Entrados en gastos, viendo la disponibilidad, respondí que en ese momento sólo podría cubrir 40. Me pidió que pasara a la caja y me dio 90 días de plazo para pagar el resto. Pagué, me dieron un recibo y salí a buscar mi auto. Fin de la historia. 

Todo el trámite tomó nueve minutos en total, desde que dejé el auto, hasta que regresé a él. Pude contarlos porque al estacionarme terminé un telefonazo. Nueve minutos que me dieron una lección de civilidad y buen trato por parte de la autoridad.

Agilidad, transparencia, respeto a mis derechos e incentivo a cumplir mis obligaciones. Mi récord está otra vez absolutamente limpio. La autoridad ganó un conductor más cuidadoso, cobró una multa, lo hace aproximadamente cada tres minutos. El ciclo se llama círculo virtuoso, se basa en una aplicación firme de la ley, en la honestidad de todos los involucrados, con una altísima dosis de incentivos para hacer lo  correcto. Todos ganamos.

Twitter: @chuyramirezr
Facebook: Chuy Ramírez