La lógica tendría que ser así, a, b, y c: ante una crisis económica de pocos precedentes sumada a una crisis de hiperinflación y escasez de productos básicos, y a una crisis de seguridad —todo ello empeorando los últimos años—, crece la necesidad de contar con canales políticos sanos que puedan procesar las tensiones que esas crisis generan. Pero si, en cambio, la vía política se encuentra cada vez más cerrada, se producen primero protestas, luego, la radicalización de actores, y más adelante expresiones violentas. A, b, y c. Ya en la Venezuela de 2014 observamos los primeros signos de ese ciclo. Para 2016, la situación es mucho peor.

En 2014, cuando las protestas masivas estallaron en las calles, Venezuela estaba decreciendo a una tasa de -3.88%, en 2015 a -6.22% y en 2016 decrece a -10% (FMI). La inflación en 2014 estaba en 69%, en 2015 en 181%, en 2016 está en 720%, y en 2017 se prevé que llegará a 2 mil 200%. El índice de escasez llegaba en enero de 2016 a 56% —casi el doble de hace dos años—, con una escasez en productos básicos de más de 80%, su nivel más alto desde que es medido. Los bajos precios del petróleo, uno de los pilares de la economía venezolana, no ayudan. El Bolívar vale cada vez menos. Si lo anterior no es suficiente, hay que añadir la crisis de seguridad.

Esta tensión se ha trasladado a la calle. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el primer semestre del año en curso, hubo alrededor de 22 protestas diarias, un incremento de 24% contra el año anterior. Además, durante el primer semestre de este año, el mismo observatorio documenta 416 saqueos o intentos de saqueo en todo el país, 90% más que en 2015.

En un entorno con ese potencial de explosividad, la única alternativa para evitar que la situación se salga de control —e incluso así, nadie puede garantizar la estabilidad— es asegurar puentes y canales de diálogo. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Reportes como los de Amnistía Internacional en 2014, 2015 y 2016, documentan los problemas de impunidad que persisten en Venezuela, así como las violaciones a los derechos humanos y la falta de independencia del Poder Judicial.

La oposición ganó las últimas elecciones legislativas con 65% de los escaños. Desde entonces ha estado haciendo todo cuanto está en sus manos por conseguir que Maduro salga del poder mediante vías pacíficas. El problema es que, como se indicó arriba, ni las instituciones judiciales ni los órganos electorales son realmente independientes del Poder Ejecutivo. Como se esperaba, el referéndum revocatorio que la Asamblea General estaba promoviendo fue suspendido después de que varias cortes locales determinaron que era ilegal. Adicionalmente, Maduro decidió enviar el presupuesto de 2017 directamente al Tribunal Supremo de Justicia, en lugar de a los legisladores. Lo que siguió, entonces, fue el inicio esta semana de un juicio político al presidente promovido por ellos.

Esto no significa que el juicio vaya a prosperar. Lo que sí significa es que la oposición y el oficialismo se encuentran en posiciones cada vez más distantes, y que, por lo tanto, cualquier intento de diálogo parece una hazaña épica. Sin embargo, ese diálogo es la única alternativa para que Venezuela no reviente (más). Es decir, el hecho de que las circunstancias no se hayan deteriorado aún a otro nivel, no significa que ello no pueda ocurrir en poco tiempo, con consecuencias muy lamentables. Y de ello tiene que estar consciente no sólo Maduro, sino todos y cada uno de los actores que hoy tienen cualquier responsabilidad o cargo en sus manos.

Twitter: @maurimm