México gasta miles de millones de pesos del dinero público en el combate al crimen, procuración de justicia, servicios de salud, generación de infraestructura, seguridad social, educación y más, sin que tan enorme gasto produzca los resultados esperados. 

Durante el último decenio, en justicia, orden y seguridad hemos gastado 1.8 billones de pesos. En ese lapso de tiempo creció sin parar la cifra de homicidios y desaparecidos. No se ve ninguna mejora significativa que nos permita concluir que tanto derroche tuvo un impacto positivo. Los mexicanos no estamos más seguros, ni baja la criminalidad, ni se vislumbra posibilidad de sanción. No vemos luz al final del túnel de la impunidad absoluta; de ribete, recordemos que no se denuncia la enorme mayoría de los delitos.

El Dr. Guillermo Torre, Rector de TecSalud del Tecnológico de Monterrey,  nos brinda un botón de muestra: “En Nuevo León, existen cuatro mil 100 habitaciones en hospitales del sector público, incluyendo todas las instituciones. Éstas le dan servicio al 85 por ciento de la población del Estado, más la población que viene de entidades aledañas. En el sector privado, en cambio, hay dos mil 100 habitaciones para darle servicio a no más del 15 por ciento de la población del Estado. La desproporción es enorme”. No es novedad que los hospitales públicos carecen, incluso, de los medicamentos y materiales básicos. Para recibir un mejor servicio en un hospital público, debe acudirse a las grandes ciudades donde, por lo mismo, hay saturación.

Existe corrupción en todos los ámbitos del gobierno y la sociedad. Peña Nieto sostiene que es parte de nuestra cultura, pero su presencia y persistencia su fortalece gracias a la impunidad. La economía está estancada y empieza a retroceder. La baja inflación, orgullo de quienes encabezan las instituciones financieras del País, empieza a subir aceleradamente después del triunfo de Trump.

La desigualdad, siempre presente, hoy lo está más que nunca. El escenario económico adverso, profundiza la pobreza. Las cifras adversas, lejos de disminuir, se mantienen, si no es que se agravan. 55 millones de mexicanos viven en la pobreza. Muchos millones más, con empleo o autoempleo, padecen condiciones deplorables, que incrementan la migración interna y hacia Estados Unidos.

México es el miembro de la OCDE que menos gasta en educación. Con todo, ese gasto es enorme y mal aprovechado. Entre 72 países valorados con la prueba PISA, México ocupa el lugar 58. Las escuelas privadas tampoco salen bien libradas. El resultado es patético.

Claudio X. González lo expresa así: “El 10% más rico de México puntea por debajo del 10% más pobre de Canadá a los 15 años, y lo mismo sucede cuando nos comparamos con el decil más bajo de ingresos de Vietnam y Estonia. Los hijos de los mineros del Reino Unido alcanzan el mismo promedio que los hijos de empresarios y funcionarios de México, con todos sus privilegios. No tenemos una base preparada, pero tampoco una élite preparada”.

En resumen: miles de millones tirados a la basura. El dinero de los mexicanos es botín de innumerables actos de corrupción. No existe asomo de eficiencia. ¿Qué dato es más alarmante? Me aventuro a decir que la pésima educación. El cúmulo de males es trágico; pero la escuela actual está condenando a generaciones enteras a un futuro muy obscuro.

La interacción global será cada día más intensa y los mexicanos llegarán a la cancha mal preparados.

Las instituciones actuales fueron creadas en, por y para el autoritarismo, para su beneficio y fortalecimiento. En el sistema autoritario y corrupto que padece México, los incentivos están alineados para proteger los intereses de la cúpula corrupta y autoritaria. Tales instituciones no se modifican, no tienen solución, es preciso refundarlas. Refundar la República sobre bases democráticas.

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