Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, coordinador de Asuntos Internacionales del gobierno capitalino, descalificó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, anunciado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto como medida para mitigar el gasolinazo, por haber surgido de un grupo cerrado en el que no participaron los diferentes sectores sociales, políticos y académicos del país.

"Tenemos que pensar en una economía que crezca, tenemos que pensar en abatir la desigualdad social, la pobreza, garantizar el empleo formal y por otro lado, también dar marcha atrás en esta alza de los combustibles. Es un paso indispensable en la situación política de este momento”, dijo.

Cárdenas Solórzano insistió en que debió haberse convocado a “un diálogo amplio, donde hubiera habido participación de los más diversos sectores sociales, de grupos académicos, no solo de la Ciudad de México, sino de todos los estados del país y esto, sin duda, hubiera desatado un proceso de discusión con puntos de vista que sin duda enriquecerían o darían paso a verdaderas soluciones de los problemas del país”.

Por separado, Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la mesa directiva de la Asamblea dijo que no hay verdadera representación de los diferentes sectores sociales en el acuerdo presentado ayer por el Presidente.

“Es un vuelvo al pasado. El pensar que la representación de los trabajadores en un pacto que quien sabe en qué consiste es el Congreso del Trabajo es hablar de un fantasma que ya no existe, por poner un ejemplo, y pensar que hay una cúpula empresarial que representa a todo el sector privado es un asunto que no se apega a la realidad”, dijo.

De acuerdo con Encinas Rodríguez, es una política de simulación para distraer la atención de la ciudadanía del problema de fondo.

“No hay acuerdo, en el momento en que se hace un anuncio de un acuerdo que nadie suscribe, no he visto quién lo ha firmado, ¿cuál pacto existe?, ¿con quién lo consultaron?, ¿con quién han hecho un planteamiento? No puede haber ya pactos unilaterales por parte del Ejecutivo sin incorporar a otros poderes, a los gobernadores de los estados, pero particularmente a la sociedad”, acusó Encinas.