Cuando intentaba escapar hacia Estados Unidos, agentes de migración detuvieron a Valentín Castillo Garzón, exdirector de la Auditoría Fiscal de Sonora, acusado de realizar auditorías “a modo” y exención de impuestos en el escándalo de corrupción conocido como los “moches fiscales”, donde el exmandatario panista Guillermo Padrés Elías benefició a sus cómplices, generando un daño al erario superior a mil 700 millones de pesos.

El exfuncionario era buscado por la Policía Federal Ministerial y la Interpol a través de una ficha roja, en atención a 12 órdenes de aprehensión: nueve bajo el sistema tradicional y tres bajo el nuevo sistema de justicia penal, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido del servicio público, entre otros.

Alrededor de las 19:30 horas (21:30 tiempo de la Ciudad de México), agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) extraditaron a Castillo Garzón por la garita Dennis DeConcini, entre Nogales, Sonora, y Arizona, donde fue entregado a los agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes, a su vez, lo pusieron a disposición de la Agencia de Investigación Criminal para ser traslado al Cefereso no. 11 de Hermosillo.

Según la investigación de la PGR, cuando Valentín fungía como auditor fiscal, adscrito a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda estatal durante el sexenio de Guillermo Padrés, autorizó convenios de pago en parcialidades sobre adeudos a créditos fiscales —los cuales nunca fueron saldados—, a diversos contribuyentes, entre los que destacan la familia del exgobernador de Sonora, el excandidato panista Javier Gándara Magaña, políticos del PAN y empresarios cómplices de su administración, como Mario Aguirre, a quien también se le investiga por dar “moche” para beneficiarse con la licitación millonaria de los uniformes escolares gratuitos.

Por este mismo caso, continúa sujeto a proceso penal Francisco Roberto Ávila, exauditor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien, según la investigación del agente del MP Especializado junto a la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria, era el principal operador de los “moches fiscales” que ocurrieron entre 2009 y 2015 a través de 574 auditorías amañadas o “a modo”, en las cuales se causó un desfalco al fisco federal de mil 705 millones de pesos.

Además del erario federal, el escándalo de los “moches fiscales” perjudicó a la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich, pues el SAT aplicó al gobierno de estado una suspensión a sus atribuciones para cobrar impuestos federales que, adicionalmente, generó un daño patrimonial de 104 millones de pesos al presupuesto de Sonora.