CIUDAD DE MÉXICO.- Treinta y cinco periodistas asesinados después, el presidente Enrique Peña Nieto sintió la necesidad de acudir a Twitter para mandar sus condolencias y expresar su indignación por el homicidio de Javier Valdez Cárdenas el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa.

El alto perfil de Javier y el reconocimiento a nivel nacional e internacional por su trabajo sobre el crimen organizado, cimbró a la prensa mexicana como ningún otro crimen anterior en la década en que se ha desatado la violencia contra periodistas.  

El crimen también provocó una reacción inusitada, contundente, enérgica de parte del Gobierno mexicano que, paradójicamente, solo resaltó el desdén, la ignorancia y la negligencia que han tenido durante años ante la violencia contra periodistas. 

Parece que Peña Nieto y su Gobierno apenas descubrieron que en México se matan periodistas con una facilidad pasmosa.

El Presidente fue rápido para "girar instrucciones" a una fiscalía de atención a delitos contra libertad de expresión cuya inoperancia ha sido comprobada y ayer, en Los Pinos, acompañado por 24 gobernadores e integrantes de su gabinete,  presentó sus “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores”.

Prometió ir contra la impunidad, en un discurso en el que se dijo conmovido y por medio del cual mandó condolencias a las familias de los periodistas atacados. “Todo el peso de la Ley”, repitió, otra vez.

En su discurso, sin embargo, nunca mencionó a Javier Valdez Cárdenas. Ni una sola vez.

El Ejecutivo federal condenó los asesinatos contra el gremio periodístico y dijo que se actuará “con firmeza” para detener y castigar a los responsables.

“Tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad matando a los periodistas. La protección a los comunicadores requiere medidas necesarias”, refirió.

Pero los reporteros que cubrían el evento, algunos de los cuales lo acompañan en sus giras y eventos, lo interrumpieron: “¡Justicia! ¡No más discursos!”

El 98 por ciento de los crímenes contra periodistas en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) siguen impunes.
A esa Fiscalía fue que Peña encargó “investigar” el homicidio de Valdez Cárdenas.

Misma reacción
El Presidente reaccionó de la misma manera a las crisis de derechos humanos, con decálogos o listas de acciones. Lo hizo así frente a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y cuando se vio envuelto en el escándalo de la “casa blanca”.

En una exposición que no duró más de cinco minutos, Peña Nieto dio a conocer el plan con el que aspira a no dejar impunes los asesinatos de los comunicadores. Lo basó en la coordinación del Gobierno federal con los locales para homologar un protocolo que mantenga bajo protección tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos. 

LOS AUSENTES
Según un canal de televisión, los gobernadores ausentes fueron Francisco García Cabeza de Vaca. Tamaulipas; Rubén Moreira, Coahuila; Arturo Núñez, Tabasco; Martín Orozco, Aguascalientes; José Rosas Aispuro, Durango; Francisco Vega, California y Manuel Velasco, de Chiapas. 

Cifras de la incapacidad
Durante los cuatro años y medio del Gobierno de Peña Nieto ha sido advertido: en México no hay garantías para la libertad de prensa y a la autoridad no le interesa castigar a quienes la dañan. 

Un solo dato que por sí solo revela la incapacidad del Gobierno de Peña Nieto para hacer frente al problema: cada año de su mandato ha cerrado con más periodistas asesinados que el año anterior. 

Cuatro en 2013, seis en 2014, siete en 2015, 12 en 2016 y seis en lo que va de 2017. El aumento solo se explica por la impunidad. Es obvio que cualquier persona que hoy piense matar, golpear, secuestrar o amenazas a un periodista puede hacerlo porque quien lo hizo antes se salió con la suya.

Acciones:
- Se fortalecerá la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
-  Hoy 538 personas están bajo protección de este mecanismos, de las cuales 196 son periodistas-.
- Se establecerá un esquema nacional de coordinación con las 32 entidades.
-También un protocolo de operación a fin de coordinar acciones para hacer frente y reducir situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos. 
- Fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión mediante más personal, mejor capacitación a MP, Policías y Peritos.
- Además más contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico que impulse la confianza y colaboración.

Con Información de El País, El Universal y Sin Embargo