El Cabildo de Saltillo aprobó ayer el otorgamiento de mil 650 concesiones de taxi, bajo acusaciones de ser un proceso “direccionado” y en el que resultaron beneficiados familiares y amigos de regidores y de directores municipales y las centrales obreras.

El dictamen de la Comisión de Movilidad y Transporte fue aprobado por mayoría, con la votación en contra de los regidores Alfredo Martínez y Tomy Vives, del PRD y PSD; y la abstención de Luis Fernando Aguirre, del PAN.

Incluso, Martínez aseguró que durante el proceso de asignación le propusieron un “acuerdo” en el que se debería un hacer una asignación directa a los sindicatos y familiares de regidores.

“Lo que pasa es que decían que teníamos que hacer una designación directa a los sindicatos participantes, a las centrales participantes y obviamente beneficiar a familiares de los regidores y de los directores”, aseguró Martínez.

El perredista aseguró que acudirá a la Contraloría, incluso, a la Fiscalía Anticorrupción, instituciones ante las cuales, aseguró, probará sus acusaciones.

El regidor Eduardo de la Peña, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte, calló y no respondió a las acusaciones públicas hechas por el regidor.

Calificó el proceso como un engaño a la ciudadanía saltillense, para el cual nunca se iba a prestar.

“El negocio que acaba de hacer es impresionante, simplemente con lo que se negó y con la compra de las bases, estás hablando de millones de pesos que le están robando al ciudadano nada más con una mentira”, expresó.

Millonarios ingresos
De acuerdo con el dictamen aprobado, los beneficiados tendrán 15 días para acudir a pagar 27 mil 825 por cada concesión (en total 45 millones 911 mil pesos) a la Tesorería Municipal.

Cabe recordar que todos los interesados en postularse para recibir una concesión cubrieron un pago de 2 mil 175 pesos para la compra de las bases, monto que ya no será regresado a quienes no obtuvieron concesión.