BRASILIA.- El juicio contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el tribunal de segunda instancia, será el 24 de enero.

El exmandatario fue condenado a nueve años y medio de prisión en julio pasado por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La octava sala del Tribunal Regional de la 4ª Región (TRF4), con sede en la ciudad de Porto Alegre, decidirá si ratifica o no la condena que le fue impuesta a Lula en primera instancia, lo que puede impedir su eventual candidatura para las elecciones presidenciales de octubre de 2018.

El proceso, uno de los siete que enfrenta en la Justicia, está relacionado con los millonarios desvíos de recursos públicos que se registraron durante una década en la petrolera estatal Petrobras.

En esta causa, el juez federal Sergio Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras en primera instancia, dio por comprobado que la constructora OAS, implicada en la red corrupta, entregó al antiguo dirigente sindical un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de ser favorecida en los contratos con la petrolera.

La sentencia, contra la que cabía recurso, fue emitida el pasado 12 de julio por el magistrado y permitió a Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, responder en libertad.

CANDIDATURA EN RIESGO
El dictamen en segunda instancia, que se tramitó en un tiempo récord ya que en otros casos similares el plazo llega a un año, es fundamental para el futuro político del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

En caso de que los tres jueces de la octava sala del tribunal de Porto Alegre confirmen la condena, Lula quedaría inhabilitado para aspirar a cargos electivos.

El expresidente ya manifestó en repetidas ocasiones su intención de presentarse a las presidenciales de octubre próximo y además aparece como líder destacado en todos los sondeos de intención de voto divulgados hasta la fecha. 

CERCA DE PRISIÓN
El presidente más popular de Brasil, de 72 años, también podría ser preso con base en la jurisprudencia marcada por la Corte Suprema que indica que condenados en segunda instancia ya pueden empezar a cumplir su pena, aunque, por su edad, el arresto sería domiciliario.