Ciudad de México. El director ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, Miguel Ángel Solís, sostuvo que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no avala el uso de la información tomada de los cuadernillos de trabajo utilizados en cada casilla para utilizarlo en el conteo rápido "estaremos repitiendo la terrible experiencia de Coahuila" en donde la información dilató demasiado y se prolongó hasta la madrugada.

Al participar en el Taller de Capacitación a Medios de Comunicación destacó la importancia de agilizar la información del conteo rápido porque desactiva cadenas de desconfianza de los resultados de la elección. De ahí la importancia de contar con el respaldo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para avalar el mecanismo alternativo que aprobó el INE para tener los resultados a las 23 horas y no se prolongue hasta la madrugada.

En las elecciones de Coahuila, los problemas que se registraron en cuanto al conteo rápido formó parte de la polémica elección de gobernador celebrada en 2017 pues formó parte de las objeciones de la legalidad de los comicios ante la falta de información oportuna.

Durante su plática también anunció que el INE pretende aprobar un acuerdo que le permita garantizar que la disposición legal de que el escrutinio y cómputo se realcen de manera simultánea - en sendos procesos paralelos de elecciones federales y locales- como se dispone en la ley. Explicó que los partidos políticos suelen oponerse a este esquema legal, porque carecen de los dos representantes que les permite la ley en cada casilla para vigilar ambos procedimientos y presionan a los funcionarios de casilla para obligarlos a que sean cómputos sucesivos.

Solís señaló que esta estrategia partidista puede obligar a los funcionario de de casilla a que , en vez de concluir alrededor de las 2 de la mañana, lo hagan hasta las 6 de la mañana con lo cual los ciudadanos que participan en la organización de los comicios trabajarían prácticamente 24 horas continuas.

No obstante, asumió que dicho acuerdo podría ser impugnado por los partidos políticos, porque esto les implicaría garantizar al menos dos representantes en cada una de las 155 mil 500 casillas.