La diatriba que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tiene su punto de intersección en el tema de los salarios y la justicia. Veamos, según datos del Diario Oficial de la Federación publicado el 1 de enero de 2018, el salario mínimo se encuentra homologado en todo el País en 88.36 pesos por día, aproximadamente la mitad de un euro y, en moneda americana, un poco menos de la mitad de un dólar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la que México se suscribió en 1931, determina que el salario mínimo debe ser de 15 dólares por hora de trabajo.

Está claro que la remuneración que percibe una buena parte de nuestros connacionales no responde a lo estipulado por la OIT, a lo prescrito por los artículos 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 82 de la Ley Federal del Trabajo en nuestro País y al Convenio sobre Métodos para la Fijación de Salarios Mínimos en el número 26 de la OIT, donde se afirma que cada ser humano posee el derecho de vivir dignamente y, en materia de salarios, debe de percibir una remuneración con la que pueda tener una vida digna no solamente él, sino quienes dependen de él. Pareciera ser que quienes tienen derecho a vivir una vida digna son sólo unos cuantos.

En estos momentos el tipo de cambio en relación a la paridad peso/dólar se encuentra en 20.04 pesos. Según la OIT un trabajador mexicano debiera de ganar 300.06 pesos mexicanos por hora, pero gana 11.45 pesos. Mientras que lo que gana un miembro de la Suprema Corte de Justicia, según el sitio de la SCJN (bit.ly/2A9WEEU) es de 554 mil 595 pesos. De ahí hacia abajo hasta encontrarnos con que un chofer, un técnico en alimentos y otro en seguridad ganan 66 mil 107 pesos. Aquí no se incluyen aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, estímulos, comisiones, compensaciones y fondos de retiro o ahorro. Lo mismo pasa con los salarios vitalicios de los Presidentes y los miembros del Poder Legislativo.

A este tipo de salarios, a diferencia de los mínimos, se les llama máximos y fueron aprobados por el Senado de la República el 27 de julio de 2009. Simplemente, esto no puede ser. Somos el País más desigual de la OCDE y tenemos 53.4 millones de pobres según el Coneval 2018. No es un tema de colores ni de ideologías. La realidad que se percibe sobre los abultados sueldos de los servidores públicos es escandalosa. No es un tema que el nuevo gobierno esté impulsando, es un tema que de tiempo atrás ha molestado a muchos mexicanos, ¿o ya lo olvidamos? ¿O quizás lo que preocupa es que la iniciativa es de la Presidencia de la República que tiene colores distintos a los tradicionales?

No confundamos temas como la autonomía del Poder Judicial o la intromisión del Presidente, el asunto tiene que ver con la justicia porque, como afirma John Rawls en su clásica Teoría de la Justicia: “Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad puede atropellar (…), porque los derechos asegurados por la justicia, no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales”. Los salarios máximos, mejor dicho “supremos”, sólo remarcan la insensibilidad de una clase política que se ha servido con la “cuchara grande”, poniendo el interés personal por encima del general.

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