El dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, estuvo ayer de visita en Coahuila y en sendas conferencias de prensa –en Saltillo y Torreón– lanzó un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para “reconsiderar” la decisión de reanudar el proceso electoral mediante el cual se renovará el Poder Legislativo local.

El argumento fundamental del dirigente morenista es que las proyecciones que existen sobre la evolución de la pandemia del coronavirus indican que aún faltan meses para llegar al pico de contagios en México y en Coahuila, en particular, las previsiones reveladas el fin de semana anterior por el Conacyt plantean la posibilidad de que eso ocurra hasta el próximo mes de noviembre.

A simple vista, el señalamiento parece atinado y vuelve lógico pensar que la elección puede mantenerse en suspenso e incluso, como lo han sugerido ya algunas voces, llevarse hasta el año próximo para realizarla junto con las elecciones legislativas federales.

El problema es que hacer eso, aunque parece una decisión sencilla no lo es tanto, debido a las graves implicaciones que tendría en términos del diseño institucional que se basa en la división de poderes.

Lo primero que debe decirse al respecto es que no hacer la elección este año se traduciría en el hecho de que el Poder Legislativo de Coahuila “desapareciera” temporalmente, creando un vacío que no puede llenarse con nada porque no existe ningún mecanismo para ello.

Y es que el periodo de los actuales miembros del Congreso concluye a las 24:00 horas del 31 de diciembre de este año, e incluso si no existieran sustitutos para tomar su lugar, las 14 diputadas y 11 diputados que integran la Legislatura dejarán de serlo de forma automática y ninguna persona ni órgano del estado mexicano tiene facultades para prolongar su mandato.

En segundo lugar es necesario señalar que, en el diseño de pesos y contrapesos que implica la división de poderes, existen facultades que solamente el Congreso puede ejercer, como la modificación de las leyes o los presupuestos, así como la designación o ratificación de múltiples servidores públicos.

De hecho, el Poder Ejecutivo requiere de la aprobación, acompañamiento y supervisión del Poder Legislativo para un gran número de actividades y a falta de éste simplemente no podrían llevarse a cabo.

Finalmente debe decirse que, debido a que la marcha de la vida pública no puede ponerse “en pausa”, la inexistencia del Congreso nos conduciría a un escenario indeseable: violar el principio constitucionales de la división de poderes que prohíbe el que más de uno de ellos –en este caso el Ejecutivo y el Legislativo– descansen en una sola persona.

No estamos pues en un asunto simple y por ello, con todo y los riesgos que implica la presencia de la pandemia, lo que se requiere es conjuntar esfuerzos para garantizar que los comicios de este año se lleven a cabo sin que ello implique un riesgo para la salud pública.

Sería de esperarse que, a estas alturas, hayamos aprendido lo suficiente de esta pandemia como para garantizar que la soberanía popular siga expresándose en las urnas.