El feminicidio, es decir, el asesinato de una mujer por causas directamente relacionadas con su condición de género, representa el ejemplo más grave dentro del amplio catálogo de violencias que han padecido y padecen las mujeres. En no pocas ocasiones este ocurre después de que la violencia padecida por la víctima ha venido escalando a lo largo del tiempo.

Son múltiples, por otro lado, los casos documentados en los cuales se demuestra además, que la víctima había lanzado señales de alerta e incluso, en los casos que pueden considerarse trágicos, había denunciada ante las autoridades el abuso del cual era objeto.

Se trata, a no dudarlo, de un aspecto de la vida pública en la cual el Estado tiene responsabilidades puntuales en dos vertientes: la relativa a la prevención y la relativa a la investigación y castigo de los casos que desgraciadamente concluyen con la muerte de una mujer.

Parecería obvio pero es preciso insistir en el señalamiento: antes que castigar a quienes llevan la violencia en contra de la mujer hasta sus últimas consecuencias, lo que se requiere es que el desenlace fatal sea evitado, es decir, que se prevenga el asesinato.

En este apartado, las estadísticas muestran el contundente fracaso de las autoridades gubernamentales -de todos los órdenes y de todos los orígenes ideológicos- que hasta hoy se han revelado incapaces de diseñar y poner en práctica una estrategia para contener el fenómeno.

Lejos de tal posibilidad, como lo demuestran los datos que publicamos en esta edición, el número de feminicidios ha crecido 145 por ciento, comparados los casos registrados en los primeros ocho meses de 2015 contra la estadística de ese mismo período de este 2020.

La cifra es para encender todas las alarmas: entre enero y agosto de 2015 fueron consignados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 263 casos de feminicidio. En ese mismo lapso, pero de este año, el número se disparó a 645 víctimas.

No es un tema para la confrontación política o para el lucro electoral. Estamos hablando de vidas humanas segadas porque en nuestra sociedad continúan fuertemente arraigadas ideas que implican considerar “seres inferiores” a las mujeres, lo cual, en términos concretos, ofrece a los hombres -por regla general- la “autoridad” para ejercer violencia en su contra.

Se trata de un fracaso monumental del Estado Mexicano que debe ser señalado sin ambigüedades y que debiera tener como respuesta, por parte de las instituciones públicas, el diseño y puesta en marcha de una estrategia integral capaz de garantizar a las mujeres el más importante de todos los derechos inherentes a su condición de persona: el derecho a la vida.

No valen los pretextos, la retórica, ni las excusas. La cifra de mujeres muertas ahí está, demandando de nuestras autoridades la acción concreta y eficaz que conjure la posibilidad de perder la vida por su condición de mujeres. En este sentido, el grito de ¡ni una más! debe convertirse en una meta a lograr de forma inmediata por quienes tienen a su cargo las instituciones públicas.