La pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 constituye, a no dudarlo, una de las peores amenazas que haya enfrentado la humanidad en la era moderna. No estamos ante un hecho irreal, ni ante el producto de una superstición: se trata de la más grave amenaza a la salud pública que haya enfrentado nuestra especie en el último siglo.

Casi 1.3 millones de personas habían muerto al momento de concluir la redacción de este texto y más de 52 millones de personas se habían infectado alrededor del planeta. No estamos hablando de algo trivial ni de un tema que pueda minimizarse.

Es entendible por ello que, frente a la responsabilidad que enfrentan, las autoridades utilicen todas las herramientas a su disposición para garantizar el equilibrio entre la necesidad de mantener la actividad productiva y cumplir con la obligación que tienen de proteger a la población.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la reiteración que el Gobierno de Coahuila hizo, a través del Subcomité Técnico Regional COVID Centro, en el sentido de que existen disposiciones que permite imponer fuertes multas a quienes persistan en la idea de convocar a reuniones masivas.

El concepto “masivo”, vale la pena aclarar, ha sido fuertemente acotado por el Ejecutivo Estatal, planteando que a partir de 16 personas ya puede aplicarse tal adjetivo.

Habrá quien considere –y en condiciones “normales” sin duda tendrá razón– que la restricción impuesta por las autoridades representa una limitación excesiva a las libertades individuales, pero todos habríamos de hacer un esfuerzo por equilibrar nuestros deseos individuales contra el interés colectivo antes de apresurarnos a sacar conclusiones.

De lo que se trata –y esto es necesario que todos lo entendamos– es de minimizar la exposición a un virus que ha causado la muerte de cientos de miles de personas alrededor del mundo y que sólo en nuestro país está cerca de haber provocado 100 mil muertes, de acuerdo con las cifras oficiales.

No podemos trasladar a las autoridades, de forma exclusiva, la responsabilidad de cuidar de la salud pública. Nosotros también podemos contribuir a preservar la integridad colectiva y a eso estamos convocados.

Multar a cualquier persona por realizar una reunión que supere las 15 personas puede sonar excesivo, es cierto, pero no estamos ante circunstancias ordinarias que permitan calificar de esta forma la decisión de una autoridad que está echando mano de todas las herramientas a su alcance para minimizar los efectos nocivos de la pandemia.

En todo caso, lo que toca a los ciudadanos es evitar que la autoridad imponga tales multas, asumiendo que en la medida en la cual mantengamos el distanciamiento social todos estaremos contribuyendo a la preservación de la salud pública y a evitar que el número de muertes por el coronavirus siga incrementándose de forma descontrolada.