El pleno del Congreso local aprobó la iniciativa de reforma al artículo 8 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con lo cual se establece que sus sesiones contarán con un intérprete de lengua de señas.

La diputada Martha Loera Arámbula destacó que esta es la primera vez, en los 150 años de historia del legislativo coahuilense, que se aprobará una norma jurídica para permitir a las personas sordas acceder a la información que se vierte en las sesiones.

Añadió que con ello, no sólo se garantiza la transparencia, sino también el derecho al acceso a la información de los ciudadanos.

“Con esta propuesta se pretenden garantizar los derechos a la inclusión, la no discriminación y el acceso a la información a la comunidad de personas sordas”, dijo.

RESPETO A LAS MINORÍAS

Loera Arámbula precisó que con esto se promueve el respeto y garantía de los derechos relacionados con la participación de esa comunidad en la vida pública, particularmente en las actividades legislativas, de las cuales estarán informados, tomando en cuenta la dignidad y diversidad del ser humano.

El dictamen, emitido por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, señala que es de suma importancia que la sociedad y las instituciones se unan para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad y lograr una gran mejora en su situación actual. 

El número de personas con discapacidad auditiva es alto, por ende, también debe ser alto el número de preceptos legales que amparen sus derechos.

“Buscamos un poder legislativo más inclusivo, plural, accesible y congruente con los principios de igualdad y no discriminación y con la protección de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad en aras de que ejerzan sus derechos”, afirmó la diputada.

EN APOYO DE LOS NIÑOS

Durante la deécima primera sesión del primer periódo ordinario, el pleno del Congreso local aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, presentada por los diputados del PRI, Álvaro Moreira, María Chapa y Martha Loera, y mediante la cual se crea la “Comisión Permanente de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.

De acuerdo con el dictamen, el objeto es que se establezca dicha comisión, a fin de garantizar la existencia y funcionamiento de un modelo de análisis, estudio y dictamen que consiga el pleno disfrute, la protección y la defensa de las niñas, niños y adolescentes en asuntos de competencia del Poder Legislativo.