CDMX.- Con un total de siete exgobernadores en la cárcel, tres detenidos en años anteriores, uno prófugo y seis con procesos abiertos, el 2017, año en que arranca el proceso electoral federal más grande de la historia del país, pasará a la historia con más exmandatarios estatales señalados por delitos como corrupción, desvíos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y hasta nexos con la delincuencia organizada.

 

Este año, también quedaron en prisión cinco presidentes municipales y dos exalcaldes, otros 70 están bajo investigación. 

 

Tomás Yarrington Ruvalcaba, de Tamaulipas (1999-2005), fue arrestado el 19 de abril en Florencia, Italia, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz (2012-2016), fue detenido en Guatemala el 15 de abril, acusado de desvío de recursos por 35 mil millones de pesos. Roberto Borge Angulo, de Qintana Roo (2011-2017), detenido en Panamá el 5 de junio, lo acusan de peculado, operación con dinero de procedencia ilícita y aprovechamiento ilícito del poder.

 

Eugenio Hernández, de Tamaulipas (2005-2010), fue detenido en la entidad que gobernó, pero es solicitado por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero y fraude.

 

Además se han girado 11 órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez (2010-2016), quien es buscado por peculado, así como ilícitos en materia electoral al haber desviado recursos a campañas políticas del PRI. 

 

Los exgobernadores detenidos este año se suman a otros tres procesados en años anteriores; Andrés Granier Melo de Tabasco, en prisión desde el 26 de junio de 2013; Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán, arrestado el 5 de abril de 2014; y Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora (2009-2015). 

 

Otros exmandatarios más han librado la cárcel pero enfrentan proceso en libertad; Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes,(2004-2010), acusado de peculado y ejercicio indebido del servicio público; Marcos Covarrubias de Baja California Sur, investigado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su gestión (2011-2015); Mario Anguiano, de Colima, que enfrenta tres investigaciones penales, dos de ellas a nivel federal, por presunto daño al erario por al menos mil 867 millones de pesos y, Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León (2009-2015), a quien se atribuye un daño patrimonial de tres mil 680 millones de pesos.

 

En Nayarit la actual administración ha documentado presuntas irregularidades por 2 mil 700 millones de pesos cometidas por el gobierno del priista Roberto Sandoval Castañeda, y solicitó al Congreso local iniciar un juicio de procedencia. Además, la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales de la PGR inició una averiguación en su contra por enriquecimiento inexplicable. 

Dirigencia del PRI coopera en denuncias y exige pruebas

 

CDMX.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, afirmó que están dispuesto a colaborar con la autoridades en el caso de un presunto desvío de recursos en el que se involucra a Alejandro Gutiérrez y al exdirigente del tricolor, Manlio Fabio Beltrones. Sin embargo, condenó que se haya filtrado información judicial debido a presiones políticas.

 

“Siempre estaremos en plena disposición de colaborar con las autoridades correspondientes y aportar la información necesaria para esclarecer los hechos. Pero debemos de ser claros, la filtración de expedientes judiciales que se ha realizado en este caso obedece a presiones políticas y sólo favorece a la impunidad. 

 

“La difusión del caso se hace a partir de las declaraciones ministeriales que se deben mantener en reserva. La Fiscalía de Chihuahua tiene un nuevo delito que investigar, de no hacerlo estará siendo cómplice de violaciones al debido proceso”, dijo Gutiérrez.

 

El priista señaló que el detenido tiene derecho a la presunción de inocencia y en tanto no se pruebe la comisión de un delito, no se puede prejuzgar.

 

Por ello destacó que los hechos deberán ser aclarados plenamente por las autoridades competentes a partir de la presentación de pruebas conforme a derecho. 

 

 

Intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrán excederse de un año y estará sujeta a la colaboración de las entidades para contribuir con la amenaza que existe a la seguridad interior.

 

Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad.

 

La prohibición para que la Ley de Seguridad Interior sea utilizada en manifestaciones sociales o políticas no violentas.

Define que el Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas, o de su ejecutivo, la intervención de la federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa.

 

 

Permanencia en las calles de las Fuerzas Armadas (militarizar al País acusa oposición y ONGs).

 

 

El Presidente de la República podrá decretar intervención en cualquier caso que considere riesgo para la seguridad interior sólo consultando al Consejo de Seguridad Nacional.

 

Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.

 

Siete ex gobernadores pasarán Navidad en prisión

 

 

Tomás Yarrington Tamaulipas       PRI

Javier Duarte Veracruz                  PRI

Roberto Borge Quintana Roo        PRI

Eugenio Hernández Tamaulipas   PRI

Andrés Granier Tabasco               PRI

Jesús Reyna Michoacán               PRI

Guillermo Padrés Sonora              PAN