El coordinador del Consejo de Participación Ciudadana Del Sistema Estatal Anticorrupción, Manuel Gil, encabeza un listado de irregularidades en el historial de los miembros del organismo, donde más de la mitad estarían ligados directamente con el gobierno actual.

José Manuel Gil Navarro informó en una declaración patrimonial presentada ante la la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en 2014, contar con 14 años de antigüedad en el Servicio Público.

El 16 de noviembre del 2004 fue creado el ICAI, fecha en la que Gil se integró como parte del consejo, tres años después el 26 de febrero del 2007 asumió la presidencia del Consejo General con una gestión de dos años.  Después se integró como consejero en el Instituto Electoral y de Participación ciudadana de Coahuila hasta el 2015.

Como miembro del organismo encargado de vigilar el acceso a la información pública, Gil junto a dos compañeros más fue señalado en 2004 por no haber dado a conocer de forma pública una su declaración patrimonial en solicitud de información expresa por un ciudadano bajo el número 004/04.

‘Un cariñito’ tricolor

Tiempo después, ya como consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPC), el 29 de noviembre de 2010 fue interpuesta una denuncia en su contra luego de que VANGUARDIA diera a conocer mensajes directos entre él y el entonces representante del PRI en el Instituto, durante una sesión del organismo.

“Va a favor y por un cariñito”, escribió a Ramón Verduzco, en referencia a una resolución del Consejo General del IEPC con la cual se realizó una redistritación.

Irregularidades en el historial de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana del SEA liga a más de la mitad de ellos con el actual gobierno.

Ana Yuri Solís Gaona, designada a formar parte del CPC por dos años, trabajó en la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado durante dos años desempeñándose como directora de Planeación, además de formar parte hasta la actualidad del Clúster de Energía Coahuila, como secretaria técnica, lo anterior en información descrita por la misma consejera en su declaración de intereses.

En el mismo documento, Carlos Rangel Orona, el consejero con mayor tiempo designado, cinco años, informó ser titular de la notaría número 40 del Distrito Judicial de Torreón, contradiciendo a la ley de notariado del Estado que en su artículo 6 señala la incompatibilidad para desempeño de “cargos de funcionario o empleado” en organismos descentralizados del Gobierno Federal o Estatal. Tal como lo informó VANGUARDIA el 3 de octubre del presente año, Rangel Orona habría sido beneficiado por el Gobierno actual con un fiat notarial en 2016. 

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, elegido para un periodo de cuatro años, cuya empresa Promotora Bersa S. De RL de CV, la administración municipal de Torreón le entregó al menos cuatro contratos por 7 millones 958 mil 817.11 pesos durante la gestión de Miguel Riquelme.