El acceso a Internet y a la banda ancha será un derecho constitucional para los coahuilenses. El Congreso del Estado aprobó ayer una reforma a la Constitución Política de Coahuila para reconocerlo junto con la libertad de expresión, por lo que en primera instancia se tendrá que dotar de internet público a todos los edificios de dependencias del Gobierno del Estado.

Los diputados locales de Coahuila aprobaron ayer en sesión ordinaria una reforma al artículo 8 de la Constitución local, al considerar que el acceso a Internet representa el derecho a la libertad de expresión, a la información, a la educación y a la no discriminación de los ciudadanos.

“El acceso al Internet y a la banda ancha es un derecho reconocido a todos los mexicanos y todas las autoridades, incluyendo este Honorable Congreso, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar esta prerrogativa de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, señala el dictamen aprobado.

Con lo autorizado, se abrirá la posibilidad de impulsar más políticas públicas para aumentar la eficacia del acceso a internet y a la banda ancha en todo el territorio de Coahuila. De acuerdo con el dictamen, primero se garantizará el acceso a internet gratuito en edificios a cargo de la administración pública estatal y las municipales.

“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión”, señala, “el acceso a internet y a la banda ancha son derechos reconocidos a todas las personas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables en la materia”, dirá ahora el artículo 8 constitucional de Coahuila.

En el dictamen se especifica que el derecho también está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se especifica que todas las entidades federativas deberán de hacer lo propio para garantizar que al menos un 70 por ciento de hogares y un 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país tengan acceso a Internet.

Tras ser aprobado ayer en el Pleno, el dictamen será enviado a los 38 municipios para elaborar un nuevo documento con el sentir de los Ayuntamientos para que la política quede aprobada por completo y sea publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.