Luego de un receso que se prolongó más de lo originalmente establecido, finalmente ayer se despejó la incógnita en torno al ex presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo: permanecerá en prisión al menos hasta que se defina su situación jurídica, es decir, hasta el martes de la semana próxima.

Con independencia de lo que se decida en este caso, la definición de la situación de Ancira provocaba curiosidad porque las comparaciones con el tratamiento que se ha dado a otros casos resultan obligadas y de estas surgen contrastes imposibles de ignorar.

La energía con la cual la Fiscalía General de la República se desempeñó en este caso para impedir, pese a las múltiples garantías ofrecidas por la defensa del ex hombre fuerte de AHMSA, que Ancira pudiera enfrentar su proceso en libertad parece marcar una tendencia ominosa: la FGR estaría actuando por consigna en la persecución de algunos delitos.

A estas alturas resulta obligado contrastar los casos de Rosario Robles y Alonso Ancira con los de Emilio Lozoya, el general Cienfuegos e incluso el del hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán.

Y es que estamos ante la misma dependencia y ante casos esencialmente idénticos: todos se refieren a señalamientos que implican corrupción y que se traducen en haber causado un daño patrimonial a la hacienda pública, de forma directa o indirecta, o permitir la realización de actividades delincuenciales relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Hay un rasgo, sin embargo, que parece diferenciar a Rosario Robles y Alonso Ancira en este grupo: se trata de personas a quienes el presidente López Obrador ha identificado como integrantes del contingente de sus “enemigos” y en quienes ha personalizado todo aquello que dice combatir.

¿Será por eso que, a diferencia de lo ocurrido con Lozoya y Cienfuegos, a quienes se dispensó un trato VIP y se realizaron todos los esfuerzos necesarios para que no solamente no pisaran a cárcel, sino que ni siquiera se les retratara en calidad de detenidos, con Robles y Ancira se ha desplegado una estrategia que garantice tenerlos tras las rejas?

No se trata, es preciso puntualizarlo, de salir a la defensa oficiosa de nadie que, de acuerdo con las autoridades, sea sospechoso de haber incurrido en conductas ilícitas. Quien se encuentre en dicha situación debe ser investigado, perseguido y eventualmente condenado.

De lo que sí se trata es de advertir que las evidentes diferencias de trato en los casos citados obligan a señalar que parecen evidencia de una actuación facciosa por parte de la Fiscalía General de la República y eso es contrario a todo principio democrático.

Observar estas evidencias y no señalarlas implicaría normalizar una conducta que solo tiene un destino: la perversión de las instituciones públicas y su uso con fines políticos para favorecer los intereses del grupo en el poder. Y eso es algo que ninguna sociedad que aspire a considerarse democrática puede justificar, ni siquiera bajo el argumento de que se está “haciendo justicia” porque quienes han sido puestos tras las rejas han cometido delitos.