Las dos noticias se difundieron con poco espacio entre ellas y acapararon de inmediato la atención del público: de un lado, el arribo de Alonso Ancira Elizondo a México, extraditado desde España; del otro, el arresto del exgobernador poblano Mario Marín en el puerto de Acapulco. Al cierre de esta edición la situación jurídica de ambos estaba en proceso de ser definida.

Por un lado, Ancira fue trasladado al Reclusorio Norte donde, pese a las manifestaciones de sus abogados, se le condujo ante un juez de control para una audiencia de imputación que arrancó cerca de la medianoche. A Marín se le trasladó a Cancún para que comparezca ante las autoridades del estado de Quintana Roo.

El exdirectivo de Altos Hornos de México (AHMSA) es señalado como responsable de incurrir en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de un presunto beneficio indebido que obtuvo en la operación de compra-venta de la planta Agronitrogenados.

En el caso del exgobernador poblano se le acusa de haber ordenado la tortura de la periodista Lydia Cacho luego de que fuera arrestada tras la publicación del libro “Los demonios del Edén”, en el cual denunció la existencia de una red de prostitución infantil.

Se trata, a no dudarlo, de lo que coloquialmente se conoce como “peces gordos”, es decir, individuos que debido al poder con el que han contado, o en atención a sus capacidades económicas, pueden gozar de impunidad pese a que hubieran incurrido en conductas ilícitas.

Su arresto despierta por ello el interés del público pues el solo hecho de que se les ponga bajo arresto es visto como el principio de un proceso que puede traer justicia a los casos por los cuales se les persigue.

Resulta obligado señalar sin embargo que, como a cualquier otra persona, a Marín y Ancira debe considerárseles inocentes hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio y sea precisamente un juez quien dicte la sentencia condenatoria respectiva.

Sin embargo, dado que las autoridades mexicanas responsables de la procuración de justicia, en este caso la Fiscalía General de la República, han decidido perseguir las conductas que se le imputan a ambos, es válido plantearse que tal decisión se tomó a partir de recabar las pruebas suficientes para presentar un expediente sólido en un tribunal.

Por otro lado, el que en ambos casos se hayan difundido ampliamente detalles de las conductas que hoy tienen a los señalados enfrentando procesos judiciales, naturalmente genera una idea en el público en el sentido de que existe evidencia suficiente para que tras el juicio respectivo se les condene.

La experiencia, como sabemos, invita a no ser excesivamente optimistas porque las autoridades mexicanas tienen un pésimo récord en eso de perseguir a los presuntos responsables de casos “emblemáticos”.

Cabría esperar que no sea lo que ocurra y que la expectativa despertada por los arrestos de ayer, no se convierta hoy en la enésima decepción que las autoridades persecutoras de los delitos le provocan a la ciudadanía.