El 24 de mayo pasado, luego de casi dos años de juicios, el máximo órgano jurisdiccional calificó de inconstitucionales algunos artículos de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación en Coahuila y en general anuló el “copago”, que obligaba los trabajadores a compartir el costo de los servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos de manera adicional a las aportaciones de seguridad social, lo que fue considerado desproporcionado por la Corte.
Otras disposiciones invalidadas fueron la posibilidad de que los derechohabientes firmaran convenios para pagar en parcialidades los créditos que les fueran determinados por la prestación de servicios médicos, y en caso de firmar dichos convenios, la obligación de cubrir un 20 por ciento adicional para integrar un “fondo de garantía” , entre otros conceptos.
Profesores de este sindicato advirtieron que si no se toman medidas urgentes, es cuestión de tiempo para que el sistema colapse, pues además la UAC, la Narro y los trabajadores activos de esas instituciones son irregulares en la aportación de sus cuotas, teniendo atrasos millonarios por este concepto.
A esto se suma una demanda contra la sección 38 por 250 millones de pesos que un a empresa tiene vigente por incumplimiento del sindicato en un contrato de concesión de las farmacias magisteriales.
Informaron que hoy en día 13 mil trabajadores activos soportan el servicio para 49 mil 500 derechohabientes de esa sección magisterial y la universidades mencionadas.