“Es al Ministerio Público a quien le compete investigar la comisión de los delitos. Por tanto, a él corresponde preparar la acción penal durante la averiguación previa. Pero una vez que obtenga elementos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del inculpado, ejercitará la acción penal”.

El párrafo transcrito corresponde al apartado “responsabilidades penales” contenido en el más reciente “Informe de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior”, elaborado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el cual se informa de la presentación de una denuncia penal, el 31 de enero pasado, “en contra de quien resulte responsable” por la presunta existencia de irregularidades en la cuenta pública 2014 del Gobierno del Estado.

La denuncia penal plantea que la ASE detectó presuntas irregularidades por un monto de casi 226 millones de pesos en la referida cuenta pública, y por esta razón habría “demandado” a la Secretaría de Finanzas ante el Ministerio Público, a fin de que éste integre la carpeta de investigación correspondiente.

La querella se suma a las 208 demandas adicionales que durante los últimos dos años habría presentado la Auditoría, tras haber detectado presuntas irregularidades, en las cuentas de diversos entes públicos, por unos 3 mil 611 millones de pesos.

A primera vista el dato parece convocar a celebrar que el principal ente fiscalizador de Coahuila esté actuando en cumplimiento de sus responsabilidades y ello implique la presentación del elevado número de demandas penales ya referido.

Una mirada un poco más detenida, sin embargo, invita a ser cautos a la hora de festejar, pues de acuerdo con la propia dependencia, ni una sola de las denuncias presentadas ha pasado de la etapa de investigación, es decir, ninguna ha dado como resultado la formulación de imputaciones en contra de un sólo funcionario público.

En otras palabras, pese al monstruoso monto de las presuntas irregularidades detectadas, no existe un sólo individuo de carne y hueso acusado formalmente por dichas anomalías, sino un conjunto de “entes públicos”.

Y aquí es preciso puntualizar que los entes públicos, si bien son –en algunos casos– “personas morales”, no pueden ser sometidos a juicio porque son lo que en derecho se llama “ficciones jurídicas”. Por ello es que “demandar instituciones” constituye apenas una mala broma.

Resulta obligado preguntar si el trabajo de auditoría que realiza la ASE no debiera ser suficiente como para identificar presuntos responsables de las pretendidas irregularidades detectadas, a fin de que al presentar denuncias estas no impliquen, en los hechos, que aún deba investigarse si las irregularidades denunciadas son susceptibles de vincularse con la conducta de personas específicas.

De otra forma, el párrafo transcrito al inicio de este texto en realidad sólo constituye una suerte de coartada para que la ASE pueda “presumir” que está combatiendo el aparente ejercicio indebido de los recursos públicos, cuando en la realidad sus denuncias son apenas poco más que humo.