CDMX.- Durante el actual proceso electoral han sido asesinadas 48 candidatos a un cargo político en México, ocho de ellas eran mujeres.

Este fenómeno puede constituir una forma de violencia política de género. También, otras mexicanas han sido golpeadas, amenazadas o desplazadas por aspirar a un cargo político.

Las mujeres asesinadas son: Antonia Jaimes Moctezuma, candidata a diputada local en Chilapa, Guerrero, asesinada el 21 de febrero de este año. Le siguen Dulce Anayely Rebaja Pedro y Guadalupe Payán Villalobos, candidatas a diputada local en Guerrero y a alcaldesa en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, respectivamente.

La cuarta mujer asesinada es Maribel Barajas Cortés, quien aspiraba a una diputación local en Múgica, Michoacán.

Las número cinco y seis son Liliana García, candidata a regidora en Ignacio Zaragoza, Chihuahua, y Juana Iraís Maldonado, aspirante a diputada local en Huauchinango, Puebla.

El 2 de junio fue asesinada Pamela Terán, candidata a concejal en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y diez días después, el 12 de junio, Rosely Magaña Martínez, candidata a regidora en Isla Mujeres, Quintana Roo. Ella es la víctima mortal número ocho.

La violencia política contra las mujeres comprende acciones u omisiones de personas, servidores públicos que se dirigen a una mujer desdeñosamente, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo, de acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La violencia política de género también puede incluir violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

En el 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió 48 asuntos en los que se alega violencia política contra las mujeres en razón de género, y 37 casos al 2 de octubre de 2017. Lo que da un total de 85.

De estos asuntos, 31 fueron declarados infundados; 18 resueltos por la vía de acuerdos; 13 fundados; 13 fundados en parte; seis desechados; dos sobreseídos y uno no interpuesto.

La violencia política de género puede dirigirse a una o varias mujeres, familiares o allegados a la víctima o un grupo de personas.

Los perpetradores son integrantes de partidos políticos, aspirantes, candidatos, precandidatos, representantes de medios de comunicación, servidores públicos gubernamentales o electorales.

En los informes de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de los dos primeros meses del año, sólo una carpeta de investigación fue iniciada por violencia política de género. 

Pocas denuncias 

Durante el año 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 48 quejas por violencia política de 
género; en 2017 sólo se presentaron 37 casos denunciados.

Las agresiones contra  las candidatas suelen  provenir de integrantes  de partidos políticos,  aspirantes, candidatos,  representantes de medios de comunicación, servidores públicos 
y hasta funcionarios electorales.