“Se puede prevenir el delito sin ser un estado securitario”, dijo Aaron Peskin, miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, la ciudad tecnológicamente avanzada que se convirtió en la primera localidad estadounidense en prohibir el uso de dispositivos para el reconocimiento facial. Lo que para muchos gobiernos es casi una panacea en la persecución de delitos, en San Francisco se vetó, entre otras razones, por protección ciudadana: “el riesgo para los derechos y las libertades civiles es mayor a los beneficios”, “puede exacerbar la injusticia racial y amenazar la capacidad de vivir sin la continua vigilancia del gobierno”, fueron algunos de los argumentos para tomar esta progresista decisión. Pero pesó, sobretodo, el estudio de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles que demostró que el reconocimiento facial “identificó” erróneamente a 28 congresistas como criminales; la mayoría de ellos pertenecían a minorías raciales y allí está uno de los meollos del asunto: el posible (y en muchos casos comprobado) uso faccioso, político y discriminatorio de estas tecnologías, cuyo margen de error se eleva entre más oscura es la piel del individuo.

En nuestro país, los porcentajes de reducción de delitos a partir de la implementación de sistemas de videovigilancia no son del todo claros. Seguramente a diario hay casos de éxito en los que gracias a las imágenes hay detenciones o inhibición de conductas ilícitas, pero también es lógico preguntarse: ¿están en riesgo nuestras garantías individuales? ¿estamos abaratando nuestra privacidad en aras de estrategias cuyos resultados desconocemos? ¿nos sentimos más seguros o simplemente más invadidos? ¿realmente confiamos en que gobiernos que han demostrado incompetencia en muchos rubros o corporaciones que encabezan las listas de quejas ante las comisiones de derechos humanos harán uso correcto, no persecutorio ni ilegítimo, de todo ese material?

No deberíamos, como ciudadanos, minimizar esos cuestionamientos dados los orwellianos escenarios que se están montando en Coahuila. Contrario a lo que se determinó en San Francisco (y a lo enfilados que van en la misma dirección otras localidades californianas como Oakland o estados como Massachussets), acá se está celebrando justo lo contrario: el gobierno estatal comenzó ya a instalar el cableado para la colocación de las cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. 1,200 dispositivos para todo el estado, con inversión de 600 millones de pesos, de los que 400 estarán en La Laguna. Y, además, equipo comprado en China: el país más videovigilado del mundo, que tiene más de 200 millones de cámaras instaladas y que pretende llegar a los 400 millones el año próximo. Un país, además, que no es para nada ejemplo de protección de Derechos Humanos y que, incluso, ha utilizado sus dispositvos de reconocimiento facial para la persecución de minorías musulmanas, como lo evidenció un reportaje del New York Times titulado “La vigilancia genética ya es una realidad en China”.

Pero, en el caso de Torreón, no son sólo las cámaras que va a instalar el gobierno de Coahuila. Esta semana se inauguró el Centro de Inteligencia Municipal, con inversión de 70 millones de pesos y que implica la instalación de 105 cámaras en 80 cruceros del municipio... todas con tecnología de reconocimiento facial. En resumen: estaremos continuamente en una pantalla.

Los especialistas en seguridad pública señalan que el uso de la videovigilancia debe obedecer a los principios de idoneidad (que se utilice sólo para situaciones concretas y justificadas) y de intervención mínima (ponderar la posible afectación que su uso tenga para la intimidad y honorabilidad de las personas). ¿Usted confía en que estos principios serán respetados? ¿En que se transparenten los resultados de estas estrategias? ¿Confía usted en que su gobierno preservará su privacidad?