La semana pasada, en este mismo espacio, adelanté un escenario político para el resto del sexenio en Coahuila: incertidumbre; el resultado de sumar a un ciudadano con constancia de mayoría, pero sin legitimidad (y pronto con constancia de mayoría revocada, a juzgar por la fiscalización de gastos de campaña del INE), y a un Gobernador constitucional, sí, aunque sin gobernabilidad.

En resumen: hay un vacío de poder y nadie lo detentará en tanto no anule o valide la elección de Gobernador el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior viene a cuento, pues el miércoles 5 de julio, a través de un boletín de prensa, Rubén Moreira pidió, a nombre del Gobierno del Estado, a las familias de personas desaparecidas (mil 830 en total entre 2006 y 2016), la firma de un “Acuerdo de Gobernabilidad”.

¿Qué significa eso?

Muy sencillo: oxígeno para llegar al 30 de noviembre, último día de su mandato, y tranquilidad para enfrentar el año de gobierno más difícil de todos: el “séptimo”.

El gambito que tiró el Gobernador ocurrió horas después de la “comunicación” presentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y 80 organizaciones firmantes en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Holanda. El documento de 72 páginas, titulado “México: Asesinatos, Desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza Constituyen Crímenes de Lesa Humanidad”, 
explica el contexto general y particular de un ataque contra la población civil del Estado, sistemática, perpetrada por el mismo Estado en complicidad activa y pasiva con la delincuencia organizada, de 2009 a 2016.

Esos atributos le otorgarían, a decir de la FIDH, el carácter de “lesa humanidad”. Equiparable al exterminio, para dimensionar.

No se trata de cualquier asunto menor, de agenda o de coyuntura que puede ser sustituido por otro más actual y de menor importancia conforme se va generando información. Colocado en su justa proporción, se trata de un hecho sin precedentes en Coahuila: la exposición de motivos para condenar internacionalmente a los funcionarios responsables de la violencia que flageló a nuestra sociedad en el pasado reciente.

Respaldan la “comunicación” 32 casos correspondientes a 73 víctimas, detallados explícitamente y en una línea de tiempo que, por cuestiones de espacio, no puedo reproducir aquí. Lo ahí narrado, no obstante, es cruel, infamante, espantoso. El horror.

Lo anterior se suma a otros esfuerzos de recopilación estadística elaborados recientemente como “Memoria Coahuila”, de la Universidad Iberoamericana Torreón, o la investigación denominada “En el Desamparo”, encabezada por el académico Sergio Aguayo en El Colegio de México.

Sin embargo, no es comida rápida. La Corte Penal Internacional funciona en otro contexto diferente a la inmediatez a la cual nos van acostumbrando las redes sociales. Particularmente tendrían que suceder tres cosas: que se declare competente para recibir el informe y que, posteriormente, reconozca la existencia de los delitos mencionados, concluyendo con acciones legales para juzgar a las autoridades mexicanas por acción u omisión.

El camino legal, por tanto, es largo. Cabe señalar que Armando Guadiana ya lo había denunciado, el año pasado, circunscribiéndose, en su caso, al municipio de Allende.

CORTITA Y AL PIE

Dice un refrán que sólo quien carga el tololoche sabe lo que cuesta tocarlo. Con esto quiero señalar que solamente quien tiene a un familiar desaparecido –probablemente la mayor tragedia humanitaria que pueda existir– sabe por qué actúa de una forma u otra.

Siempre me ha sorprendido el umbral tan alto de tolerancia que poseen dichas familias coahuilenses, considerando que, entre legislación, academia y atole con el dedo, no hay mucha diferencia.

¿De verdad esperan algo favorable a sus intereses en los últimos meses (5) de un Gobierno que se ha caracterizado por lanzar distractores como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en lugar de ofrecer resultados tangibles y concretos? Cualquier cosa que no sea encontrarlos, es humo.

¿Acudirán las familias a la firma del “Acuerdo de Gobernabilidad” el próximo 22 de julio para “continuar los trabajos de plan de cierre”, como han sido convocados?, ¿por qué seguir sosteniendo el castillo de naipes?, ¿qué resortes internos los motivan a continuar legitimando al verdugo, pese a que ya le llegó a éste el agua a los aparejos?

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS 

Por lo demás no es ocioso recordar que, como reza la sabiduría popular, los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Al tiempo.

@luiscarlosplata