Con frecuencia escuchamos que en México se ha generado el fenómeno de la judicialización de la política, es decir, lo que no se gana en las urnas, se litiga en los tribunales. 

Hoy en Brasil sucede el fenómeno contrario, la politización de la justicia, como la pretensión de que los tribunales cambien lo que se ganó en las urnas. Eso es lo que se le pretende hacer a la presidenta Dilma Rousseff mediante un juicio legislativo (impeachment) para destituirla de un cargo que ganó con legitimidad democrática. 

El sociólogo Boaventura de Sousa Santos explica el fondo de la actual crisis brasileña: “La señal más evidente de la pulsión antidemocrática fue el movimiento por el impeachment (proceso de destitución) de la presidenta Dilma pocos meses después de su toma de posesión, algo si no insólito, al menos muy poco común en la historia democrática de las últimas tres décadas. Bloqueados en su lucha por el poder a través de la regla democrática de las mayorías (la “tiranía de las mayorías”), trataron de poner a su servicio el órgano de soberanía menos dependiente del juego democrático y específicamente diseñado para proteger a las minorías, es decir, los tribunales. 

La operación Lava Jato, en sí misma extremamente meritoria, fue el instrumento utilizado. Contando con la cultura jurídica conservadora dominante en el sistema judicial, en las facultades de derecho y en el país en general, y con un arma mediática de alta potencia y precisión, el bloque conservador ha hecho todo lo posible para desvirtuar la operación Lava Jato, desviándola de sus objetivos judiciales, en sí mismos fundamentales para la profundización democrática, y convirtiéndola en una operación de exterminio político. Esta alteración consistió en mantener la fachada institucional de la operación Lava Jato, pero adulterando profundamente la estructura funcional que la animaba mediante la sobreposición de la lógica política a la lógica judicial”. 

Paso a paso hemos visto los ingredientes de la crisis en Brasil: a la caída de la economía se sumó un malestar social que se ha canalizado a través del repudio mediático y callejero en contra de la corrupción política, y de los negocios entre políticos y empresarios. El operativo Lava Jato ha llevado a políticos y a grandes empresarios a la cárcel, y hoy arroja basura y desprestigio sobre la presidenta Dilma y el ex presidente Lula. Las expresiones de protesta callejera son un síntoma del malestar social desde 2014. En las últimas semanas se ha agudizado la crisis: Lula anuncia que quiere ir de candidato en 2018 y acto seguido, el juez Moro le ordena un interrogatorio forzoso para que vaya a declarar como acusado en el Lava Jato. 

Unos días después se realizan actos masivos de clase media y alta en contra del gobierno y Dilma le ofrece a Lula el puesto más relevante del gabinete, la Casa Civil. Unas horas después un juez reprueba el acto y suspende el nombramiento. El mismo día que Lula es nombrado ministro se filtra a la prensa una llamada telefónica en donde Dilma le informa a Lula que le mandará el papel del nombramiento, por si lo necesita usar. Corre la versión de que una vez en el gabinete Lula quedaría fuera de la jurisdicción del juez Moro y sólo podría ser tocado por el Supremo Tribunal Federal. Hay una guerra declarada y la polarización hace crujir al país. Izquierdas contra derechas, ciudadanos contra políticos; rompimiento de la coalición parlamentaria; campaña mediática en contra del gobierno; extralimitación judicial en contra de Lula; espionaje telefónico a la presidenta; protestas callejeras a favor y en contra del gobierno; y juicio de destitución contra la presidenta. Una lucha con muchos frentes. 

Con todos los matices necesarios, el corazón de la actual polarización entre izquierdas y derechas, empaquetado como una lucha en contra de la corrupción, es la pugna entre dos proyectos de desarrollo. Es posible que la densidad democrática brasileña pueda llevar al país a una resolución institucional del conflicto. Mientras tanto, la politización de la justicia acompaña al “golpe institucional” en contra de un gobierno democrático y agudiza la crisis actual en Brasil… 

@AzizNassif