Buscan poner un freno a los abusos en el gasto de la publicidad oficial

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Buscan poner un freno a los abusos en el gasto de la publicidad oficial

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La bancada de Morena en el Senado presenta la propuesta

En el Senado de la República se empuja una propuesta para regular los abusos en la publicidad oficial desde el Gobierno federal. 

La bancada de Morena presentó recientemente una propuesta que pone un límite al gasto en publicidad de parte del gobierno federal al colocar un máximo de 0.15 por ciento de su presupuesto para esta tarea. 

“El presupuesto anual destinado a cubrir en su totalidad el Programa no podrá exceder del 0.15 por ciento del gasto total consignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente”, se propone en la redacción del artículo 23 de esta reforma a la Ley General de Propaganda Oficial.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido cuestionado por organismos ciudadanos como Fundar, al llevar un ritmo en el gasto de este rubro que podría alcanzar los 60 mil millones de pesos durante su sexenio. 

Tan sólo entre 2013 y 2017, el gobierno federal había gastado 37 mil millones de pesos, 71 por ciento más que lo aprobado por el Congreso federal para ese periodo, cuyo monto era de 21 mil 097 millones de pesos.

Ante las modificaciones que se han tenido en este gasto, la propuesta de Morena establece en la reforma al artículo 26 de la norma en la materia que: 

“Queda prohibida la ejecución de modificaciones presupuestales que consistan en la ampliación o traspaso de recursos al gasto correspondiente a propaganda oficial, salvo en los casos de las ampliaciones presupuestales requeridas para hacer frente a los casos a que se refiere el artículo 24 de esta Ley”.

El pasado 25 de diciembre, The New York Times publicó un amplio reportaje en el que señalaba que con este amplio gasto, la administración federal tenía una fuerte incidencia en los medios de comunicación. 

En noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una histórica orden para el Congreso federal, la cual debe emitir una nueva regulación antes del 30 de abril de 2018.