En medio de esta debacle política –pleitos internos en los partidos, pobrísimo debate ideológico, ausencia de división de poderes, discrecionalidad en la aplicación de la ley, caudillismo trasnochado, pérdida de sentido crítico en el análisis, desmemoria histórica– el más afectado –como siempre– es el pueblo. Me escribe un buen amigo para compartirme que ahora sí “ya no sabe ni de Dios ni del diablo”, que su estado de confusión es tal que de plano ya decidió no oír noticias, ni leer periódico, pero que lo que sí tiene muy claro, es que cada día que transcurre aborrece más a la clase política nacional y a la de casa. Y tiene razón, siendo la vinculación entre política y justicia uno de los ámbitos es los que más se evidencia la ausencia de claridad, pues estamos aviados. 

Actualmente, es impensable no relacionar los alcances que ha aportado el desarrollo tecnológico a la multiplicación del impacto derivado de los encuentros con los diversos actores políticos. Me explico, usted y todo el que esté interesado puede ver, escuchar, a todo color, en vivo, directamente, lo que ocurre, verbi gratia, en las sesiones del Consejo General del INE o en el pleno o en las salas regionales de Tribunal Electoral de la Federación, incluso registrar cuanto evidencia el lenguaje corporal de los protagonistas. De ahí que hoy, la actividad política guarde una estrecha relación con el sistema de medios de comunicación. Por eso la democratización de ambas debe procurarse. Política y comunicación se van volviendo interdependientes. Ambas actividades para fortalecerse necesitan ser creíbles en una sociedad como la actual. Los medios de comunicación “no sólo deben ser fuente de entretenimiento, generadores de información, visibilización de la cultura, sino también supervisores de la gestión del poder público”. Por eso hay prácticas que igual que en la política, como las de los “moches”, los “chayotes”… y cuanto engendra la corrupción, deben irse erradicando. En sintonía con lo expresado, es importante, pues,  encuadrar esta realidad en una perspectiva plural y diversa, que ponga límites a los abusos y a la discrecionalidad. Para una democracia tan anémica como la coahuilense, resulta preocupante el tipo de alianza del sistema de los más de 84 años con algunos medios de comunicación, porque además de contar con la complicidad, la incondicionalidad y el blindaje informativo, usando el poder que les da el ejercicio del Gobierno y que les permite acallar cualquier disonancia y disidencia, controlan la información y vuelven “invisibles” a los actores que piensan diferente. Y no tienen empacho en usar de manera indiscriminada la pauta oficial, destruir empresas, perseguir comunicadores y silenciar cualquier posibilidad de alternativa en general. Y para ello cuentan con el Poder Judicial, a más de las potestades discrecionales del omnipresente Poder Ejecutivo.

En este escenario, estará usted de acuerdo conmigo en que la agenda política trasciende lo comunicacional. Si la gente, Juan Pueblo, la sociedad en general no cuenta con la posibilidad de acceder a fuentes de información distintas de las pagadas por el régimen corrupto, sino se fortalecen medios diferentes para expresarse sin condicionamientos, con libertad, no sólo estaremos dañando el derecho a la comunicación, sino a la democracia misma. Por eso es sustantivo destacar el papel fundamental que, para la construcción de la democracia participativa y la formación de un profundo sentimiento libertario, deben desempeñar los medios de comunicación. A través de ellos se deben crear espacios desde donde se fortalezca el debate cotidiano en torno al sistema político: su historia, liderazgos, aciertos, limitaciones, posibilidades y la necesidad de su transformación. Los protagonistas deben ser los jóvenes y los invitados los partidos políticos y los servidores públicos, tanto de elección, como de designación. Y de manera simultánea, a través de la educación, impulsar el surgimiento de nuevos líderes políticos, preparados para ser estadistas y transformadores sociales que recuperen la importancia y respetabilidad de lo público, como lo hacen en Singapur. 

Asimismo, replantear la currícula de asignaturas escolares, con la finalidad de despertar y fortalecer la conciencia política de los mexicanos. Y no es nada despreciable, una reforma legal, que obligue a los legisladores, porque son los servidores públicos más rechazados, a mantenerse en contacto permanente en mesas de trabajo en sus propios distritos, para escuchar e informar a sus representados directamente y no a través del boato de un informe anual absolutamente intrascendente que además representa un gasto innecesario que pagan los contribuyentes. Hay presupuesto mensual asignado para gestoría –renta de inmueble, pago de servicios y personal de apoyo– pero no hay ley que obligue a quien no lo destine para lo que se lo dan, a devolverlo. Usted debe conocer de esto, estimado coahuilense. No hay Gobierno sinvergüenza que resista a una sociedad informada y actuante.

@estherquintanas