Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los maestros serán prioridad en el proyecto educativo y nunca más se les iba a faltar al respeto, el principal programa de capacitación para mejorar la práctica docente en el país tuvo un recorte de 63% en términos reales para 2019.

 

En el presupuesto de egresos aprobado para 2019, se contempló que el programa para el Desarrollo Profesional Docente, creado en 2014, recibirá 246 millones de pesos, un recorte de 409 millones de pesos con respecto a 2018, cuando operó con 656 millones de pesos.

 

Uno de los problemas identificados y que dieron origen a este programa es que el personal docente y directivo, supervisores, asesores técnico-pedagógica y técnico-docente de educación básica, medio superior y superior, “no cuenta con el perfil idóneo”.

 

Además, “no había una oferta de formación que les permita afrontar los procesos de evaluación de desempeño docente”, a los que estaban obligados de acuerdo a la Ley de Ingreso y Servicio Profesional Docente como parte de la Reforma Educativa aprobada en 2013.

 

Por eso es que la intención del programa fue que los docentes y el resto del personal accedieran y concluyeran los programas de formación, actualización académica, capacitación o proyectos de investigación para favorecer el perfil idóneo. En 2017 el programa atendió a 694 mil 098 figuras docentes.

El presidente López Obrador envió una iniciativa al Congreso para derogar la Reforma Educativa, cuyo aspecto central es la evaluación a profesores y cuyos resultados determinaban su permanencia en el empleo.

 

Por eso es que se cancelaría la evaluación y por, tanto, dijo, “nunca se le va a faltar al respeto a los maestros, al magisterio nacional, como sucedió recientemente que se dedicaron a ofenderá los maestros, eso se termina”.

 

Sin embargo, en el presupuesto, la formación docente se minimiza a través de la reducción de presupuesto a un programa que, de acuerdo con una evaluación hecha al programa por el Colegio de México, tenía una operación correcta, pero carecía de indicadores mediante los cuáles se pudiera medir el impacto en la población objetivo.

Por ello recomendaba “homologar y congregar los formatos de los indicadores, construir unidades de medición que permitan dimensionar en qué medida las acciones realizadas están mitigando los problemas descritos en el diagnóstico; y construir evidencias para demostrar que la población atendida ha mejorado su desempeño en las funciones do entes o en las evaluaciones del Servicio Profesional docente”.

 

En tanto, la principal fortaleza es que tenía procedimientos claramente definidos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo; los mecanismos para la selección de beneficiarios son claros y consistentes con la normatividad; además, en cada nivel educativo existían aplicaciones informáticas que facilitaron la entrega de los apoyos y recaban información de la población atendida.

 

Además, el programa “contaba con mecanismos de rendición de cuentas y procesos de entrega de apoyos claros y explícitos”.

 

Entre las recomendaciones que hicieron los expertos en la evaluación fue realizar un estudio diagnóstico para identificar qué tipo de habilidades concretas se requieren fortalecer en la población objetivo” y así “construir una oferta de formación acorde a las necesidades detectadas”.

 

También elaborar un diagnóstico para identificar los déficits de desempeño en cada uno de los niveles a efecto de generar una oferta de capacitación que responda a tales necesidades.