El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, no necesitó ni siquiera una semana para “convencer” a la Fiscalía General de la República de que el grueso expediente remitido a las autoridades mexicanas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos –luego de devolverlo a nuestro país– carece de mérito alguno.

De acuerdo con información difundida ayer, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero “llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.

La FGR tampoco “encontró prueba alguna” de que Cienfuegos “hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso” (el cártel de los Beltrán Leyva).

Para no dejar lugar a dudas, la Fiscalía ha señalado que tras analizar la situación patrimonial y la documentación derivada del cumplimiento de las obligaciones fiscales del exsecretario, “no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público”.

Un dato llama la atención en la información revelada ayer: que el expediente en poder de la FGR se hubiera puesto a disposición del militar y sus abogados apenas el 9 de enero pasado, es decir, apenas seis días antes de que la dependencia decidiera exonerarlo de toda acusación en su contra.

“A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso”, señaló la dependencia, de acuerdo con fuentes periodísticas.

Resulta sorprendente, por decir lo menos, la capacidad de análisis de la defensa pues, de acuerdo con la información difundida en noviembre pasado, el expediente remitido por el Departamento de Justicia a las autoridades mexicanas constaba de más de 700 páginas. Sorprende igualmente la diligencia de la Fiscalía para procesar en tiempo récord el caso completo.

Pero que la FGR haya dado “carpetazo” al expediente de Cienfuegos no va a lograr que la polémica desatada por el caso pase al olvido, pues si algo hace esta decisión es provocar más preguntas que ofrecer respuestas. La principal interrogante es ¿por qué fue detenido el exfuncionario en los Estados Unidos?

¿Acaso las autoridades estadounidenses se equivocaron? ¿Lo confundieron con otra persona? ¿Lo detuvieron a partir de un expediente construido a base de mentiras e invenciones?

La experiencia con la actuación de las autoridades mexicanas aconseja no ser ingenuos y, por más que el Gobierno de la República pretenda convencernos de lo contrario, en el imaginario colectivo irá consolidándose, conforme pase el tiempo, la idea que ya ronda en la cabeza de todos: este es otro de los monumentos a la impunidad de la era López Obrador.