Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designados para coadyuvar con el Estado Mexicano en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, presentaron ayer su informe final de actividades en vísperas de que finalice su actuación en nuestro País.

Por desgracia, lejos de la posibilidad de que la intervención de un grupo como el designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y avalado por el Gobierno de la República, lograra que existiera confianza en la investigación del caso, el saldo difícilmente podría ser peor, pues las posiciones se encuentran más polarizadas que nunca.

A estas alturas parece evidente que el Gobierno de la República ha decidido asumir ciertos costos políticos y dedicarse a administrar el vendaval mediático antes que mantener en el País a un grupo de especialistas cuyas declaraciones y actitudes no le son cómodos.

De su parte, tanto los especialistas como la propia Comisión Interamericana decidieron “endurecer” su discurso y presentar un informe que se acompaña de manifestaciones con una enorme carga política a las cuales difícilmente puede dárseles otra interpretación que la intención de “presionar” al Gobierno Mexicano a prorrogar el mandato del GIEI.

La síntesis apretada del caso no podría ser más decepcionante: las partes en conflicto —los padres de los normalistas y el Estado Mexicano— han decidido atrincherarse en su respectiva posición, defendiendo a ultranza su versión de los hechos y volviendo imposible con ello el que conozcamos la verdad.

Resulta necesario señalar, por supuesto, que la verdad es sólo una. Lo que ocurrió la noche entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 sólo pudo ocurrir de una forma y averiguarlo resulta indispensable no sólo para castigar a los responsables de los hechos sino para evitar que un suceso similar vuelva a ocurrir.

Y la verdad de lo ocurrido acaso ya se ha dicho, pero la posibilidad de que, a partir de una posición razonable, todos podamos aceptar que ésa es la verdad —o al menos la narración más cercana que es humanamente posible construir— se va diluyendo cada día más y está próxima a extinguirse.

Sin intentar forzar paralelismos, el “Caso Iguala” parece tomar la dirección que han tomado otros casos dolorosos de nuestra historia, como el ataque a estudiantes en Tlatelolco, en 1968, y los diversos episodios de lo que hoy todos conocemos como “guerra sucia”.

Paradójicamente, a diferencia de los casos del pasado, en la investigación del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa se han invertido recursos como en ningún otro caso policial. Miles de personas que forman el enorme contingente de víctimas de la violencia, o cuyos derechos han sido atropellados por el Estado, habrían querido la milésima parte de la atención y los recursos que se ha brindado a este caso.