¿El pasado 8 de marzo el Gobernador de Coahuila decretó que ya no se promuevan, programen ni difundan en las estaciones de radio y televisión de la entidad las canciones que aluden a la violencia criminal, denominadas popularmente narcocorridos.

El documento que Rubén Moreira firmó (y que no requiere autorización del Congreso del Estado por competer solamente a dependencias de la administración púbica bajo su mando) “instruye” a los titulares “para que se abstengan de contratar publicidad en cualquier medio de comunicación que reproduzca expresiones 
musicales que hagan apología del delito, o que enaltezcan a los autores de hechos ilícitos”.

Como se puede observar, el quid del asunto está en la comunicación del mensaje, no en la creación del mismo a fin de salvaguardar, en parte, la libertad de expresión.

Pero aquí viene lo interesante: la Coordinación de Comunicación Social “no deberá contratar publicidad”, y la Secretaría de Finanzas “se abstendrá de efectuar el pago de las contraprestaciones derivadas de los contratos con radiodifusoras y televisoras (…) en los términos que establezca Gobierno del Estado”.

Es decir, de un solo movimiento ponen a los medios a jugar en su cancha y con su pelota. Cuidado.

En su carácter de comprador de espacios publicitarios, cabe señalar, Gobierno del Estado tiene la facultad de 
gastar los recursos en pocos o muchos proveedores a la vez, siempre que no sobrepase el presupuesto anual autorizado. No es una cuestión de prorrateo a comparación de la materia electoral donde se exige democratizar el gasto.

Sin embargo, no es un cliente cualquiera. Es, además, el rector de las políticas públicas en Coahuila. Por ello enderezó un veto directo, entendible y hasta cierto punto justificable, hacia la música del género. Y por consecuencia provocó una censura indirecta. Me explico.

Supongamos que una radiodifusora (hay 166 en el estado entre AM y FM, sin contar aquellos canales que transmiten por Internet que, en el supuesto que nos ocupa, también reciben dinero público) difunde un track del grupo Calibre 50 donde no hay “apología del delito” pese a la fama de la banda. Quién sería el censor, y bajo qué parámetros, para dirimir la controversia. Una restricción de derechos, como la prohibición de difundir narcocorridos, debe fundarse y motivarse. Cómo regular a los medios de comunicación si no hay siquiera criterios por escrito.

A lo que voy: a la hipotética empresa le puede caer la guillotina sin que existan elementos objetivos para retirarle la publicidad oficial, y en el fondo los motivos pueden ser otros, de carácter estrictamente periodístico por ejemplo. Y así, con el pretexto de los narcocorridos, Gobierno del Estado tendría manga ancha para modificar líneas editoriales a su conveniencia. Ojo.

Por hacer un supuesto bien (“fortalecer la seguridad”) estaríamos entrando en un callejón peligroso para la libertad de expresión.

Ahora bien, por congruencia, debería vetarse igualmente la programación en territorio coahuilense de series de televisión como “Patrón del Mal”, “El Señor de los Cielos”, “La Reina del Sur” y otras tantas que han producido a pasto en la última década y enaltecen, abiertamente y sin cortapisas, al crimen organizado. Pero en ese caso concurren diferentes niveles de influencia, a los cuales Gobierno de Coahuila no tiene acceso y mucho menos poder.

Entonces no se meten con quien no pueden.

Cortita y al pie
Por lo demás, si una televisora o radiodifusora quisiera evitar la medida y utilizar al 100% su libertad de programación, tienen un camino legal: en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición de reproducir narcocorridos en Sinaloa, argumentando que el Poder Ejecutivo de aquél estado se excedió en el ejercicio de sus facultades y contravino el principio de la división de poderes (Controversia Constitucional 68/2011).

Si bien comparada con Coahuila no es la misma hipótesis, el fondo es el mismo.
Como dijera Gerardo Ortiz en uno de los narcocorridos más populares (casi 100 millones de reproducciones en YouTube): ¿quién se anima?

La última y nos vamos
En resumen: Gobierno del Estado no puede evitar que usted ni cualquier otro particular escuche narcocorridos, ni en público ni en privado, aunque sí limita el ámbito de influencia que tienen estos al evitar se popularicen a través de los medios masivos de comunicación.

Y a Rubén Moreira, “en buen plan”, los narcocorridos le resultan “nacos” (El Siglo de Torreón, 04/03/16). ¿A usted?
 
carlos_plata01@hotmail.com