Una de las políticas públicas adoptadas en los últimos años por el Estado Mexicano y con la cual, por lo menos en teoría, se tiene un compromiso, es la de fomentar la competencia -y la competitividad- recurriendo, entre otras estrategias, a la de combatir los monopolios.

La ecuación es sencilla: cuando un ente -público o privado- carece de competidores tiende a cometer abusos en contra de los consumidores y esos abusos serán mayores en la medida en la cual el bien o producto que dicho ente ofrece sea indispensable y lo requiera todo mundo.

Y los abusos que se comenten son de muy variada factura: desde el ofrecimiento de un producto o servicio de muy mala calidad, hasta la manipulación de los precios, pasando por un muy largo etcétera que incluye la mala cobertura, la discriminación en el servicio y el sometimiento de proveedores con prácticas desleales.

Debido a esto, los monopolios -privados o estatales, reales o artificiales- son indeseables por regla y, salvo rarísimas excepciones, deben ser combatidos para permitir que la competencia obre en favor de los consumidores y, en última instancia, de la comunidad.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo al señalamiento realizado por el secretario de Medio Ambiente del Gobierno de la República, Rafael Pacchiano Alamán, en el sentido de que en México existe un “duopolio” en materia de confinamiento de residuos peligrosos.

De acuerdo con el funcionario, en el País no hay más instalaciones destinadas al confinamiento de residuos industriales debido a que las empresas “Residuos Industriales Multiquim”, instalada en el municipio de Mina, Nuevo León, y “Tecnología Ambiental Especializada”, que opera en Ramos Arizpe, Coahuila, han desplegado una estrategia para “boicotear” los intentos de instalación de nuevas empresas de este tipo, como la que actualmente construye un confinamiento en el municipio de General Cepeda.

Se trata de un señalamiento grave, porque un Secretario del gabinete federal reconoce en estas declaraciones que dos empresas privadas están obligando al Estado -como se dice en el argot popular- “a bailar al son que ellas toquen”.

Lo que Pacchiano Alamán está planteando es que frente a la decisión de dos empresas, a las cuales el Estado Mexicano autorizó operar, la estructura entera del poder público nada puede hacer. La claudicación absoluta del poder público frente a los intereses privados.

Se trata, desde luego, de una posición inaceptable. Ni siquiera como “explicación” de lo que ocurre en General Cepeda es válida la declaración del titular de la Semarnat y, de ser ciertas sus afirmaciones, tendríamos que aceptar que en el tema del manejo y disposición de los residuos peligrosos nos encontramos ante un caso similar al de la delincuencia organizada: un pequeñísimo grupo de individuos, motivados por sus intereses personales, decidieron un día imponerle condiciones al Estado… y lo han logrado.