El auto precisó que los hechos investigados y por los que la Fiscalía General de la República reclama al detenido, en ningún caso supone “persecución política”, tal como aseguró el propio Ancira durante su comparecencia, en la que acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En su resolución, los magistrados españoles explicaron que “la justicia mexicana investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de AHMSA a la empresa Tochos Holdig, vinculada al ex director general de PEMEX (Petróleos Mexicanos), Emilio Lozoya, por un importe de 3,4 millones de dólares”.
Agregaron que, en noviembre del mismo año, Lozoya adquirió un inmueble en una zona residencial de la Ciudad de México y un mes después, una vez designado director general de Pemex, propuso rehabilitar y después adquirir una planta para producir fertilizantes, propiedad de AHMSA, que llevaba inactiva 14 años y que se adquirió por 275 millones de dólares, cuando su valor de tasación se fijó en unos 58 millones de dólares americanos.
La justicia española confirmó, además, que los hechos investigados constituirían los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude y malversación de caudales públicos.