Una juez federal en materia penal “congeló” momentáneamente la posibilidad de que Joaquín “El Chapo” Guzmán sea extraditado a EU, luego de otorgar una suspensión ante un amparo presentado por los abogados del capo. 
La resolución fue adoptada por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, María Catalina De la Rosa Ortega, dentro del expediente 47/2016 que se presentó el pasado 8 de enero, unas horas después de que fuera capturado.

De acuerdo con el expediente, la demanda se presentó originalmente ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa del Distrito Federal, el cual dictó la suspensión de oficio por el argumento de la defensa en el sentido de que su cliente estaba expuesto a actos de deportación o destierro, incomunicación y desaparición forzosa, causas excepcionales que obligan a los impartidores de justicia a dictar medidas cautelares a fin de garantizar la integridad de una persona.

Luego, el juzgado administrativo declinó el expediente a uno de amparo en materia penal, derivado de que el fondo de la impugnación no es de su competencia, por lo que el caso fue radicado en el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la ciudad de México.

La juez De la Rosa admitió a trámite la demanda de garantías y revalidó la suspensión, por lo que de inmediato solicitó a las autoridades aprehensoras un informe sobre la situación jurídica de Guzmán, así como su ubicación en el sistema penitenciario, con el propósito de que el capo ratificara la demanda, lo que éste hizo ayer durante una diligencia celebrada en el penal federal El Altiplan.

La defensa de “El Chapo” suma siete juicios de amparo para tratar de frenar su extradición a EU.

Podría tardar hasta 6 años

Los amparos interpuestos por Guzmán Loera contra su extradición a EU “no detienen el procedimiento” y seguramente tendrán que sobreseerse porque la Cancillería no ha autorizado formalmente el trámite para extraditar al capo del narcotráfico, informó la Procuraduría General de la República.

José Manuel Merino, director general de Procesos Internacionales de la PGR, sostuvo que la suspensión no afecta al procedimiento, ya que -opinó- se habrá resuelto antes de que pueda afectar al proceso.

Autoridades reconocieron que el proceso para la extradición puede durar de uno a seis años. (El Universal y EFE)