En los primeros siete meses de administración, el Gobierno Federal celebró 84 mil 372 contratos de adquisición de bienes o servicios, de los cuales, 65 mil 156, se han dado por vía de la adjudicación directa, es decir, el 77.2 por ciento, informó Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Núñez fue el invitado especial del periodista Carlos Arredondo en la emisión de ayer el programa Conversando.

La emisión abordó en esta ocasión qué ha pasado con el ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de “prohibir” las adjudicaciones directas durante su administración. 

Lo anterior contenido en el Plan Nacional de Desarrollo donde el gobierno aseguró que iba a prohibir las adjudicaciones directas, pero eso no ha ocurrido.

Núñez dijo que en cuanto a licitaciones públicas, que es el procedimiento ideal, sólo ha habido 10 mil 786 de éstas, es decir, un 12.8 por ciento.

Añadió que 3 de cada 4 procedimientos han sido por adjudicación directa y que por cada licitación pública, se realizan seis adjudicaciones directas.

“Cabe señalar que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hace un seguimiento puntual mes tras mes de los indicadores en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios”, recalcó el investigador.

Refirió que la adjudicación directa es la forma menos deseable de que el gobierno otorgue contratos para la compra de bienes o servicios, siendo la licitación pública el mecanismo que se debe de privilegiar.

“Es un mecanismo compartido, abierto, en el cual varias personas físicas o morales puede participar para ofrecer o para dar su precio y las características con las cuales pretende vender al gobierno y de entre ellos, el gobierno debería escoger la mejor opción”, explicó.

Los otros dos procedimientos son la invitación restringida a cuando menos tres personas y la adjudicación directa, mecanismos que solamente en situaciones extraordinarias deberían utilizarse, señaló.

Dijo que ésta última es la forma en la que de manera unilateral el gobierno elige a quien se le va a entregar un contrato.

“Y el problema es que muchas de las ocasiones o todo lo que tiene que suceder para que el Gobierno invite a una empresa, muchas veces tiene que ver con redes de corrupción y con redes de impunidad”, alertó.