Ciudad de México. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insistió en una reforma al artículo 102 de la Constitución, con el objeto de crear una Fiscalía General de la República (FGR) que realmente procure justicia y acabe con la impunidad en el país.

En su mensaje semanal, Gustavo de Hoyos Walther, líder del sindicato patronal, urgió a una cirugía mayor de dicho artículo, pues la reforma hecha en 2014 que da paso a la creación de la Fiscalía tiene omisiones y vacíos que deben ser atendidos.

Recordó que la semana pasada México retrocedió cuatro lugares en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 de The World Justice Project, por lo que ahora se encuentra por debajo de países como Rusia, China, Irán, Vietnam o El Salvador, y apenas supera a naciones como Sierra Leona o Venezuela.

Destacó que en dicho ranking México muestra una situación crítica en áreas como “Investigaciones Policiales Efectivas”, ausencia de corrupción y “Tiempo Efectivo de Investigación”, lo cual se refleja en “niveles crecientes y críticos de impunidad, corrupción e inseguridad”.

Por ello consideró que la Procuraduría General de la República y la procuradurías estatales están agotadas y poseen baja credibilidad.

Ante ello, urgió al surgimiento de una Fiscalía autónoma, eficaz, respetuosa de los derechos humanos y con controles en su actuación, lo cual se logrará a través de la reforma al artículo 102 constitucional.

Señaló que si bien ya habían sido reformados “varios elementos de la reforma de 2014 fueron omisos, y requieren de una cirugía mayor para lograr un cambio de fondo en la forma en la que está organizado el Ministerio Público”.

En ese sentido, De Hoyos indicó que los requisitos de elegibilidad del fiscal general no garantizan, por ejemplo, la elección de un titular que goce de independencia política ni de trayectoria destacada como jurista. Además, los procedimientos de ingreso y remoción del fiscal deben ser fortalecidos, pues no debe ser elegido por el Presidente en caso de que no haya acuerdo en el Senado y también la duración en el cargo es excesiva.

Por otra parte, “en su diseño actual, la Fiscalía tiene un riesgo de excesiva concentración de facultades en el fiscal general, sin contrapesos institucionales”.

También consideró preocupante que el diseño “no resuelve múltiples problemas actuales de coordinación o delimitación de competencias con los Estados, ni tiene supuestos claros de atracción de casos al ámbito federal”.

Ante tal situación recordó el movimiento lanzado en días recientes que busca se hagan dichas modificaciones a la Carta Magna.