De acuerdo con el análisis “¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017”, el año pasado 15 activistas medioambientales fueron asesinados en México. Las cifras se quintuplicaron en comparación con el año pasado, cuando la organización documentó tres homicidios.

En entrevista para SinEmbargo, Ben Richard Leather explica que “la raíz” del problema es la corrupción, esencialmente la que permite colusión entre autoridades y empresas para imponer los proyectos. El Gobierno, critica, antepone los intereses económicos sobre los derechos de las comunidades, los habitantes son orillados a defender sus territorios y recursos naturales, y son acallados ya sea por las empresas o por propios funcionarios.

Otras manifestaciones de la corrupción, subraya, se visualizan en la falta de actuación para combatir al crimen organizado y la impunidad, la implementación de sanciones contra los agresores y la nula protección para los activistas que denuncian amenazas, ya que, asegura, en muchos casos el asesinato pudo ser evitado si las autoridades hubieran actuado a tiempo.

“La raíz de este problema es la corrupción que permite que empresas y actores estatales se coludan para imponer los megaproyectos sobre las comunidades. Si no fuera por eso, muchos conflictos se hubieran evitado y esas vidas nunca se hubieran puesto en esta situación de riesgo”, manifiesta. Agrega que “el Estado suele favorecer los intereses económicos sobre los derechos de las comunidades”.

De acuerdo con Leather, el incremento de los homicidios de ambientalistas fue también causado por estos factores:

–Propagación del crimen organizado, especialmente en zonas de explotación de recursos naturales.

–Impunidad persistente: perpetradores de asesinatos de defensores y defensoras de territorio y medio ambiente se sienten con el poder de llevar a cabo los crímenes sin que haya consecuencias.

–Falta de protección por parte del Gobierno, ya que no se ha dado una implementación cabal y eficaz del mecanismo de protección para las y los defensores.

 

–Poca participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el uso de su tierra y sus recursos naturales.

El análisis pone el dedo sobre la llaga: los defensores indígenas son los más vulnerables a los ataques, pues 13 de las 15 personas asesinadas pertenecían a alguna comunidad que se encontraba defendiendo su territorio ancestral.

El estado más mortífero para los ambientalistas durante 2017 fue Michoacán. Donde, por defender su territorio y el medio ambiente, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Luis Gustavo Hernández Cohenete, Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Luna Crisanto y Felipe Ramírez fueron asesinados en ese estado gobernado por Silvano Aureoles Conejo.

Oaxaca, entidad gobernada por Alejandro Murat Hinojosa, fue la segunda, con los asesinatos de Marciano Martínez Cruz, Rafael Hernández Cisneros, Benjamín Juárez José, Gabriel Ramos Olivera.

Chihuahua, Jalisco y Chiapas fueron los siguientes estados con más asesinatos registrado. Isidro Baldenegro López y Juan Ontiveros Ramos; Miguel Ángel y Agustín Vázquez Torres; además de Rodrigo Guadalupe Huet Gómez y Pablo Andrés Jiménez fueron ejecutados en esas entidades.

Ben Richard Leather, de Global Witness, hace un llamado a Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de México, a trabajar para detener la ola de violencia generada contra el gremio ambientalista:

“Hacemos un llamado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que se pronuncie públicamente para señalar como prioridad la protección de las personas defensoras del medio ambiente”.