Los primeros pasos en la conformación de una agenda de trabajo para garantizar el respeto de los derechos humanos de periodistas y activistas en Coahuila fue dada con la firma de un memorándum y en un decreto por autoridades estatales, de la ONU, Estados Unidos y directivos de medios de comunicación.

El gobernador Miguel Riquelme, Elizabeth Warfiel, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Daniel Zapico, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, y Luis Efrén Ríos, director de la Academia Interamericana de los Derechos Humanos (AIDH) firmaron el memorándum y decreto de entendimiento entre Gobierno del Estado, USAID y la AIDH, para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

Al acto celebrado en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno se invitó a los directivos de diferentes medios de comunicación.

“Coahuila ha ido comportándose a la vanguardia en materia de derechos humanos, es por eso que hoy lanzamos esta convocatoria con una circunstancia muy distinta a la que enfrentan otros estados y otros países para poder garantizar los derechos humanos de periodistas y activistas de derechos humanos”, dijo el Gobernador de Coahuila en entrevista.

De acuerdo con Miguel Riquelme, Coahuila es pionero con esta convocatoria para encontrar la ruta para garantizar los derechos humanos de periodistas y activistas.

En primer lugar se trata de garantizar que las situaciones de riesgo provocadas por la inseguridad no regresen, para no poner en riesgo ni la vida de la población, pero tampoco de los periodistas y activistas de derechos humanos.

Miguel Riquelme reconoció que en Coahuila se han dado agresiones a periodistas, sobre todo en el período en que la entidad vivió momentos de inseguridad.

“Hoy buscamos primero que esos tiempos no regresen, pero también en materia de derechos humanos poder generar las condiciones, políticas públicas y protocolos necesarios para garantizar la vida y la participación de quienes se dedican al periodismo y quienes son activistas en materia de derechos humanos”, explicó.

El protocolo de respeto a derechos humanos a activistas y periodistas incluirá capacitación de los involucrados, los funcionarios y medida de cultura dentro del Gobierno y en la sociedad, pero también contar un procedimiento cuando la situación de la entidad pueda cambiar.

“Lo hacemos a mutuo propio, sin presión de nada, porque nadie me dijo, ni los periodistas, ni los activistas de derechos humanos me pidieron a mi que pudiera trabajar en políticas públicas para garantizar sus derechos”, señaló el Gobernador.