En una nación burocratizada como la nuestra, no es raro que un sencillo trámite se engrose hasta la virtual parálisis gracias a una serie de requisitos innecesarios.

Aunque desde los años 80 –que yo me acuerde– se realizan campañas a favor de la simplificación administrativa, lo cierto es que ésta ha adelgazado igual que gorda pasando el Año Nuevo: para el Día de la Candelaria ya se olvidó del gimnasio y de todos sus propósitos.

Así estos esfuerzos han quedado de igual forma en puras buenas intenciones. ¿Por qué será?  La experiencia nos permite suponer que una administración esbelta y ágil empoderaría peligrosamente a los ciudadanos, los haría sentirse con derechos y eso no conviene a nadie, especialmente al Gobierno que instrumenta dicha burocracia, ni al status quo.

Por ello es mejor mantenernos sumisos, implorantes, dóciles, mansos, rogando como un favor especial, como una gracia o concesión lo que el Estado y todos sus empleados deberían hacer de forma rápida, eficiente y con buena cara: servirnos.

Empero, ni siquiera la era de la informática ha conseguido desempachar lo lento, pesado y engorroso de realizar un trámite en nuestro País. Si bien, ahora podemos concertar algunas citas por Internet, una vez en ventanilla conoceremos los que es adorar al Supremo en hostil territorio comanche.

Y discúlpeme por generalizar, seguramente habrá encomiables excepciones, pero los empleados de atención al público en cualquier dependencia son especialmente hábiles en hacer de nuestra interacción oficial con las instituciones un verdadero calvario.

Para el ciudadano no hay defensa posible, ponerse perro sólo empeora la situación. Cualquier desplante reduce a cero la tolerancia del burócrata en cuestión y eleva en forma proporcional su intransigencia. Háblele golpeao y su expediente se perderá en el archivo muerto bajo la letra L de “limbo”.

Públicas y privadas, las instituciones no dejan de pedirnos documentación innecesaria. En ocasiones no aceptan el pasaporte como identificación, siendo que es un documento mucho más confiable que la credencial de elector que, con los años, se convirtió en lo que en otros países es la cédula o carné de identidad, aunque no era ése su original propósito.

Yo nunca tramité mi cartilla militar y creo que es mi peor pecado cívico. De cualquier forma en caso de guerra yo, como dijo Woody Allen, “sólo serviría como rehén”.

Cuando suprimieron dicho requisito para solicitar el pasaporte, la cartilla perdió su escasa relevancia, pues jamás fue impedimento para solicitar ningún empleo (no más que la falta de ganas de trabajar).

Fue en los tiempos de Humberto Primero, “El Bailador”, que en Coahuila se dispuso abolir uno de los requisitos más discutibles en la tramitología: la carta de no antecedentes penales.

El profe aquél de infausto recuerdo eliminó el requisito de la carta de no antecedentes para ingresar al servicio público y más adelante firmó un acuerdo para hacer gratuito el trámite de este documento.  En fechas mucho más recientes, un diputado local planteó la posibilidad de incluso prohibir que se solicite esta constancia a cualquier ciudadano que aspire a cualquier trabajo por considerarla una medida discriminatoria. 

En efecto (y en teoría), si alguien ya purgó una condena por un delito cometido, es injusto que arrastre de por vida las consecuencias de aquel error, entendiendo por error el delito en sí, no el haberse dejado sorprender.

Al día de hoy, sigue siendo prerrogativa del contratante el solicitar la dichosa carta de no antecedentes ¿y qué cree? Se sigue cobrando. ¡Por supuesto! El Estado en bancarrota no pierde ocasión de sacarnos aunque sea cinco pesos “pa la coca”, por no hablar de los conceptos agregados en cualquier pago ¿Pero es la carta de no antecedentes un trámite necesario o constituye en verdad un agravio para el ciudadano? 

Yo creo dos cosas: 1. La presunción de inocencia debe prevalecer. Es decir, todos somos inocentes en tanto no se demuestre lo contrario. Entonces, basta la palabra de un ciudadano para defender su probidad. 

Pero 2. Una empresa, sin embargo, está en todo su derecho de indagar los antecedentes de sus aspirantes. Puede hacerlo, pero es entonces la propia empresa quien debería solicitar la diligencia y pagar por las cartas de aquellos candidatos por los que se interese. Pero claro, eso sería tratarnos como personas y ello no es posible. Es mejor que sigamos pagando de nuestro bolsillo por un documento que dé constancia de nuestra rectitud.

Mientras se discute prohibir o no como requisito la carta de no antecedentes, hay que revertir la política Humberto: el último lugar donde debe dejar de exigirse este documento es precisamente el servicio público, pues no hay filtro o candado que esté de más cuando de blindar a las instituciones contra la corrupción se trata. 

No sé por qué no me extraña que haya sido el profe quien eliminó uno de los pocos trámites necesarios en este País burocratizado, relajando los criterios para ingresar al servicio público. Sus consecuencias, se están investigando diligentemente en Texas, para vergüenza  de todos nosotros.

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