Por Ernesto Aroche para Animal Político

En 2017, el 73% de los funcionarios federales decidió no transparentar la información de su declaración patrimonial, y en el caso de los que sí lo hicieron no hay certeza de que los datos publicados en el portal Declaranet, administrado y supervisado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), sean correctos y confiables, de acuerdo con la organización Data Cívica.

El caso más extremo es el de un funcionario de la SFP, que trabaja en la coordinación de asesores de la dependencia, quien decidió llenar el formulario con información falsa, comenzando por su nombre. Este servidor público tecleó como nombre cuatro veces la letra “A” y dos veces la letra “D”: AAAADD. Para sus dos apellidos siguió el mismo mecanismo: tecleó cuatro veces la letra “A”. Es decir, se llama AAAADD y se apellida AAAA AAAA.

El resto de la información de su declaración la llenó de la misma forma, pues dice que su cónyuge es socio(a) de una fundación ubicada en el estado “4444”, y tiene un dependiente económico que trabaja en la empresa “333”, desde hace 222 años.

Y así ha estado desde 2013 cuando el funcionario (o funcionaria) señalado comenzó a registrar su información en el sistema público, sin que en esos cinco años nadie en la SFP se diera cuenta.

“Es el ejemplo más extremo de lo poco confiable que es la poca información que la plataforma Declaranet ofrece a los ciudadanos”, dijo Carolina Torreblanca, directora de Análisis de Datos y Contenidos de la organización Data Cívica.

“Es muy difícil tener certeza de que la información que contiene la plataforma Declaranet es verídica, y hay muchos errores muy fácil de detectar de la poca información patrimonial que decidieron revelar”, y ejemplifica:

“Hay unas cosas que son, evidentemente errores de dedo, no creo que haya dolo sino incompetencia al llenar la información: por ejemplo, hay declaraciones en donde dicen que ganan 1 peso anual por el cargo que ocupan, hay 328 casos que reportaron un ingreso anual menor a mil pesos, y 40 casos que reportaron ingresos superiores a los 10 millones, y un caso que registra ingresos por 130 millones de pesos. Y eso no es real”.

En septiembre del año pasado, Animal Político dio a conocer que la SFP se había negado a entregar a un ciudadano la base de datos con la información de datos abiertos de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios de gobierno, argumentado que no existía algo así y generarla costaría un millón 560 mil pesos y serían necesarios 221 días naturales.

Tras conocerse la noticia, Data Cívica decidió hacer el trabajo de la SFP y, sin tener acceso al sistema y utilizando sistemas robóticos para extraer documentos en PDF y bases de datos públicas, como los listados de nombres de los funcionarios que cada año cumplen con su obligación legal de declarar su evolución patrimonial, lograron construir una base de datos en formato CVS con la información en poco menos de 150 días.

El resultado, que no costó el millón y medio argumentado por la SFP, es la plataforma 1560000.org, en donde se subió la información de los más de 340 mil funcionarios que han hecho su declaración patrimonial y de intereses desde el año 2000 a la fecha.

Animal Político pidió a la SFP una entrevista para hablar del tema, pero dijeron que esperarían a conocer la plataforma de Data Cívica antes de fijar una postura el respecto.

Los hallazgos... lee la nota completa en Animal Político