México es uno de los 30 países adheridos a la ONU donde más se violan los derechos humanos en el mundo. En las dos últimas administraciones la violencia se generalizó desproporcionadamente y el saldo es escandaloso. Ayotzinapa, Tlataya, Nochixtlán y San Fernando, son los casos con los que quedará marcado el gobierno en turno.

Seguramente el próximo 3 de septiembre, se presumiran altos índices de crecimiento económico, el sueño de haber arribado a la aldea global, la modernización que se ha conseguido y en muchos de los casos de desarrollo social, que se abatió el número de pobres, que en 2012 el país estaba en tales condiciones; que ahora estamos en éstas, pero en materia de derechos humanos nos queda claro, como decía Ernesto Sabato que la dignidad de la vida humana, no estaba prevista en el plan de la globalización.

El punto es que hay una nota pendiente del Estado Mexicano con los derechos humanos y el silencio ha sido la mejor estrategia. ¿Y el estado de derecho? Como afirma Norberto Bobbio “los derechos humanos tan prestigiosos y tan reivindicados, no son tan evidentes como parecen (…) el verdadero problema no se encuentra en su fundamentación, sino en su protección”. Esta justamente es la realidad en nuestro país, un gobierno que nunca entendió que su prioridad comenzaba con la aplicación del Artículo Primero de la Constitución y en ese orden las demás prioridades.

Ahí se afirma que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. ¿Todas las personas? ¿La protección más amplia?

Solo para que se dé una idea  en datos de INEGI y el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2017, en ambos sexenios se suman aproximadamente 234 mil personas acaecidas y mas de 32 mil desaparecidas. Para julio de 2018, el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaba un total de 15 mil 973 personas a las que les habían arrebatado la vida.

Continúa el artículo diciendo que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. No pues, saque Usted sus conclusiones. Numerosos atentados de violencia contra mujeres y niñas, desapariciones forzadas, violencia intrafamiliar a grande escala, periodistas desaparecidos, tortura por parte de los organos de seguridad, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, equidad de género y los migrantes desaparecidos por grupos delincuenciales ¿y las autoridades?

Finalmente dice el texto (…) “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Buscar cifras y datos no es nada complicado para demostrar la deuda social que tendrá el presente gobierno que no supo palear y cumplir con las disposiciones del primer artículo de la Constitución. Dejemos los otros 29 que componen con el primero los llamados derechos fundamentales porque acabaríamos solicitando desde ya el juicio político, que no debe descartarse.

Pero así como hay una nota pendiente de parte del Estado Mexicano, la hay tambien de todos los demás sectores y particularmente de la ciudadanía. La desigualdad, la impunidad, la pobreza y la corrupción han sido los detonadores mas importantes que han hecho que una buena parte de servidores públicos ávidos de poder y de dinero, se involucren en actividades delincuenciales, constituyendose en la base del incumplimiento de sus deberes para con la sociedad que ha traído como consecuencia la transgreción de los derechos de todos y la ciudadanía sigue sin decir nada.

La base de los derechos humanos es la necesidad que todos tenemos de ser tratados como personas. Desde el derecho a vivir en libertad en cualquiera de sus múltiples formas o al de ser tratados con igualdad en cualquier lugar y en todas partes.

Los tenemos por que hay una idéntica dignidad que se da por el simple hecho de que todos somos iguales. Esto es independiente del color de la piel, de las creencias religiosas, de los sitios de donde vengamos, de lo que hagamos o de las condiciones socioeconómicas que tengamos, los seres humanos y sus derechos deben de ser protegidos por la instituciones y los estados.

Aparecieron como ley positiva, aunque ya eran de ley natural, por la necesidad que tenían los vulnerables de respeto. Desde el Cílindro de Ciro, pasando por Bill of Rights, siguiendo con la Declaración de 1948 y actualizandonos con las grandes convenciones de últimos tiempos, seguimos observando que hay una necesidad de legitimación y reivindicación de muchos hermanos nuestros que siguen sin ser protegidos por el Estado. Nosotros somos la muestra más evidente, las recomendaciones de la ONU, sigue siendo constantes.

No es posible que las grandes luchas y revoluciones que hubo por todas partes con el saldo enorme de vidas que se ofrecieron y de las que damos cuenta por la historia, sean estériles. Es decir, que de nada hayan servido. Porque los derechos por los que ahí se peleó pareciera que en la realidad cuentan poco, en contraposición con la inconciencia y el deseo de enriquecimiento y de poder desmedido que muchos tienen.

Los derechos fundamentales que tenemos en la Constitución del 1 al 30 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que firmamos en 1948 deben de observarse y respetarse si no queremos seguir en picada libre en este país en el que vivimos. Es una obligación tuya y mía, ahí donde estamos, hacer posible la justicia igualitaria, aunque menudo trabajo le espera a la exministra Olga Sánchez Cordero.