Cuando sólo faltaba formar un consorcio de los 10 que se necesitan para reordenar el transporte urbano, el Bronco desmanteló la Agencia Estatal del Transporte porque si seguían adelante con ese proyecto se cebaría su plan de apoderarse de ese negocio a través de prestanombres.

La amenaza de requisar las rutas urbanas es sólo uno de los muchos recursos que han utilizado Manuel González –secretario de gobierno– y José Manuel Vital Couturier –titular de desarrollo sustentable– para orillar a los transportistas a que vendan sus empresas a precio de crisis a los “oportunistas inversionistas” que aparecieron de la nada. 

Entre esos nuevos jugadores que le quieren entrar a un negocio que tiene 4 años sin aumentar tarifas, se encuentran regidores y proveedores de varios municipios con los que el Bronco tiene amarres políticos.
Es muy difícil que el Gobierno del Estado se quede con el transporte urbano, como han amagado varias veces. El Bronco, González y Vital quieren operarlo como particulares. 

Platiqué con Jorge Longoria, quien fuera director de la Agencia Estatal del Transporte desde el inicio de la “administración” de Jaime Rodríguez hasta el 6 de junio de éste año, cuando el gobernador le pidió su renuncia.

De aquí en adelante cedo la palabra al exfuncionario: “Más que ortogonal, las ciudades del área metropolitana son radiales concéntricas. Ortogonal (trazados en ángulos rectos) solamente lo es el primer cuadro de Monterrey, que tiene 3 mil 500 hectáreas y ésta superficie es apenas el 10 por ciento de toda el área que cubren las rutas urbanas.

“El PIMUS (Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable) es un programa de movilidad en transporte urbano que ha fracasado en todas las ciudades donde lo aplican. El gobierno de NL quiere usarlo aquí, pero no convence porque lo quieren hacer con la misma empresa que ha fallado siempre.

“El programa que aplicamos aquí –de nueve consorcios zonales y uno que es el maestro, para operar el transporte– ya funciona desde hace 10 años en ciudades muy complejas como Porto Alegre y Sao Paulo, Brasil.

“Cuando estábamos a punto de poner en operación ese modelo, no les gustó y atoraron primero el proyecto y luego me pidieron la renuncia y la de todos mis especialistas, gente muy experimentada de los cuales solo queda uno en la Agencia.

“Al décimo se le llama consorcio de consorcios porque una vez que ya arreglamos a todos los periféricos, los transportistas formarían parte de ese y el gobierno solamente sería uno más en la mesa a la hora de tomar decisiones.

“Se crearía un fideicomiso y entraría una cámara de compensación que se encargaría de pagar diariamente a cada uno de los camioneros por kilómetro recorrido y mediante una medición de la calidad de sus servicios.

“Este mecanismo de compensación sustituiría a la Tarjeta Feria, que no les interesa promoverla a los transportistas y se procedería a la dispersión de los pagos de los servicios en tiempo real. O sea, si un camionero reporta un día 800 kilómetros de recorrido, pues sólo eso se le pagará, reteniéndole los cargos de servicio del sistema.

“Para hacer esto implicaba el compromiso del Gobierno de aceptar la intervención de una muy acreditada empresa australiana-británica que maneja el transporte de Barcelona y Singapur, con la cual llegamos a un convenio donde se les dijo: No tengo dinero, pero te necesito y a ellos le conviene entrar en ese negocio.

“Este proyecto llamó la atención de un organismo internacional promovido por el Gobierno británico que fondea este tipo de proyectos.

“Incluso otros estados de México se interesaron en dicho modelo de transporte, porque les llamó la atención cómo se logró quitar de en medio a la CTM y el casi monopolio que ejercía esa central obrera en buena parte de las rutas actuales.

“Los mismos líderes cetemistas apoyaron el proyecto; dejaron de operar como un 80 por ciento de las rutas urbanas y se refugiaron en el manejo de taxis.

“Conforme avanzaba el plan de los consorcios, el Bronco levantó las antenas y se dio cuenta de que mediante los consorcios, quienes operarían el transporte urbano serían los empresarios, regulados todos por el décimo consorcio que operaría transparentemente mediante un fideicomiso.

“Y fue ahí donde no le gustó el asunto, porque si el plan de los consorcios continuaba, no podría concretar su intención de adueñarse de las rutas para operarlas con prestanombres y él mismo, ya como particular junto a González y Vital, cuando concluya su gobierno en NL.

“También se le cebaba su intención de postergar el aumento de tarifas y esperarse a aumentarlas hasta que las rutas que a él le interesan ya estén en sus manos.

“Este plan basado en consorcios también le impediría requisar el transporte urbano como lo hizo con la Ecovía, que fue una total ilegalidad, porque las leyes respectivas establecen que solo puede aplicarse una requisa durante seis meses y la de Monterrey ya lleva tres años.

Es absurdo por parte del gobernador amenazar a los transportistas con requisarles sus empresas, porque si no fue capaz de sacar adelante a la Ecovía al requisarla –y que sigue ahí tirada– menos puede competir en cuanto a capacidad, infraestructura y experiencia con los empresarios que tienen hasta tres generaciones en ese negocio”. 

CAJÓN DE SASTRE

La investigación sobre este tema me llevó casi un mes; por eso aprecio la comprensión de mis lectores para que me permitan ir al fondo de éste problema que atañe no sólo a Monterrey, sino a muchas ciudades del País.

Mi intención es concretar alternativas de solución aportadas por los expertos en la materia a quienes he consultado.

“Entonces, le seguimos mañana”, interviene la irreverente de mi Gaby.

placido.garza@gmail.com
Plácido Garza
Opinión Invitada