"Uno no se da cuenta de cuán importante es votar hasta que pierdes esa posibilidad", dice Trisha Richardson. La joven es de Florida, uno de los estados que el 8 de noviembre serán determinantes en la elección de Hillary Clinton o Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

A sus 19 años, ha tirado a la basura la tarjeta de registro como votante. Sabe que no podrá usarla nunca. La condenaron con 18 años por tenencia de Xanax y metaanfetaminas. Una sentencia por consumo de drogas supone en Florida perder de por vida el derecho a sufragio.

Con más de 20 millones de habitantes, es el tercer estado más poblado. En las elecciones saldrán de él 29 votos electorales sin los cuales será muy difícil ganar para ambos candidatos. "No puedo votar y contribuir a que cambien las cosas", lamenta Richardson. "No entiendo por qué (ese antecedente) es definitivo".

Junto Florida, Iowa y Kentucky retiran el derecho a voto de por vida. En el resto, el veto puede ser temporal. Solo dos de los 50 estados, Maine y Vermont, no retiran en ningún caso ese derecho ciudadano.

"No poder votar es un problema. Tu voto puede ser ese que defina el resultado", explica Susan Turner, condenada por posesión de pastillas. "Me gustaría votar. Me quitaron mis derechos. El sistema me hace sentir como un estorbo", se lamenta por su parte Kevin Michaelson, condenado por tenencia de media pastilla de Xanax, un derivado de las benzodiazepinas que utilizaba contra la ansiedad.

En Estados Unidos hay al menos 5.85 millones de personas en la misma situación que ellos, un 2.5 por ciento de la población en edad de votar, uno de cada 40 adultos. En realidad son más porque las cifras corresponden a los datos oficiales más recientes, que son de 2010.

La tasa es cuatro veces superior entre los negros, pese a que las estadísticas muestran que consumen drogas en los mismos niveles que los blancos. Pero según denuncia Humans Right Watch, un negro tiene 2.5 más posibilidades que un blanco de ser arrestado por ello.

La privación del derecho a voto es solo una de las consecuencias de una aplicación masiva de las leyes que penalizan el consumo y la tenencia personal de drogas en Estados Unidos, según denuncia la organización de defensa de los derechos humanos.

Junto a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU), este miércoles presentó un informe en el que cita también la separación de familias, la exclusión de oportunidades laborales y la privación de asistencia social. Es una estigmatización de por vida que en el caso de los extranjeros puede llevar a la deportación y al veto de acceso al país para siempre.

"Encarcelados muchas veces durante largos periodos, después además pierden beneficios como la asistencia alimenticia para sus niños, la asistencia para la educación, no pueden votar, no pueden acceder a trabajos, a lugares donde vivir", explica María McFarland Sánchez-Moreno, codirectora del programa de Estados Unidos de HRW.

Un millón de personas son arrestadas cada año en el país por consumo de drogas. La mitad de los casos son por tenencia de marihuana, pese a que en algunos estados se ha despenalizado o legalizado esa droga.

HRW asegura que la mayoría de los arrestados no tiene problemas de dependencia y que la tenencia personal de drogas es el delito por el que más detenciones hay con diferencia. "Hay tres veces más arrestos que por todos los delitos violentos combinados", dice Tess Borden, autora del informe. "Cada 25 segundos, alguien es arrojado al sistema de justicia penal acusado de tenencia de drogas para uso personal".

Puede ser heroína, cocaína, marihuana pero también un ansiolítico. No es necesario tener gran cantidad en el momento del registro policial. Matthew (nombre ficticio), cuyo testimonio es uno de los incluidos en el informe de HRW, fue condenado a 15 años por una cantidad tan pequeña de anfetaminas que el laboratorio ni siquiera pudo pesarla.

HRW exige la despenalización de la tenencia para uso personal. Las estadísticas muestran que la aplicación de leyes duras no ha conseguido disminuir el consumo de drogas. "Más bien la gente que necesita ayuda tiene miedo de acceder a la asistencia necesaria porque no quieren que los capturen", señala McFarland Sánchez-Moreno.

Ni Hillary Clinton ni Donald Trump se han referido a este asunto durante la campaña. La candidata demócrata se ha mostrado a favor de políticas impulsadas por la administración de Barack Obama que tienen que ver con invertir más en tratamientos y ha hablado de una reforma del sistema penal, pero de ahí no ha pasado. El republicano solo se ha quejado de que hay muchas drogas entrando al país desde México.

"Las reformas que estamos buscando se tienen que hacer a nivel estatal, pero el Gobierno federal puede sentar una pauta", indica la codirectora para Estados Unidos de HRW con la vista puesta en el 8 de noviembre. "Que el Congreso federal despenalice el consumo de drogas no afectaría a un gran número de personas, pero sentaría un precedente que los estados podrían tratar de imitar”.